Tras casi dos décadas de accidentadas negociaciones y una maratónica sesión final de 36 horas continuas, al fin se hizo la luz en Nueva York. Una conferencia internacional acordó, en las Naciones Unidas, los parámetros y el lenguaje de un tratado que conducirá aproteger, de aquí al 2030, el 30 % de la altamar,ese inmenso y rico territorio en que, por estar fuera de las jurisdicciones nacionales, prevalece una virtual ley de la selva. La consecuencia, en muchos casos, es una verdadera depredación de sus recursos biológicos y minerales, con gran impacto ecosistémico.
El camino aún no termina totalmente, pero de ahora en adelante será expedito. Lo que falta es la adopción oficial del documento y, luego de esta, las ratificaciones de 60 países para que entre en vigor. La ventaja es que, según dispuso la conferencia, que culminó al filo de la medianoche del sábado 4, su texto ya no podrá ser sometido a ninguna enmienda, por lo cual su aprobación como tratado será cuestión de días, y solo implicará decir sí o no. Las ratificaciones llevarán, cuando menos, varios meses; sin embargo, la voluntad internacional es abrumadora para avanzar en tal sentido y hacer que el Tratado de las Naciones Unidas sobre Altamar sea pronto realidad.
El acuerdo, sumamente difícil de alcanzar, constituye un logro de la gobernanza multilateral. Permitirá movernos de manera acelerada, a poner en marcha la ambiciosa promesa adoptada en diciembre pasado por la conferencia sobre biodiversidad, o COP15, celebrada en Montreal, que, al término de la presente década, estén protegidos el 30 % de mares y tierras. Es el llamado objetivo 30 x 30.
La trascendencia de esta decisión es enorme. Alrededor de tres cuartas partes de los océanos son considerados altamar. En gran medida, sostienen y regulan la vida del planeta, gracias a sus dimensiones y riqueza ecosistémica. Pero no son inmunes al impacto ambiental. Por ejemplo, se estima que los océanos, en general, absorbieron cerca del 90 % del calentamiento ocurrido en las últimas décadas. Esto fue un factor esencial para generar gran estrés en sus ciclos, alterar las cadenas alimentarias y hacer cada vez más inhabitables amplias zonas para su rica —y en buena medida desconocida— fauna y flora.
De hecho, el director de océanos del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, una organización internacional, considera que, probablemente, “la mayor reserva de biodiversidad no descubierta” en el planeta se encuentra en altamar. Sin embargo, su preservación está en riesgo. Por ejemplo, según un reporte global publicado hace dos años en la prestigiosa revista científica Nature, la población de tiburones y rayas en altamar se redujo en un 70 % desde 1970. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por su parte, estima que dos tercios de las cepas de peces son sobreexplotadas.
Hasta ahora no ha existido un instrumento y una gobernanza para atender estos desafíos. Si bien desde 1994 se adoptó un tratado sobre la minería en los lechos marinos internacionales, y un año después entró en vigor otro sobre la gestión de especies migratorias de peces, su alcance ha sido limitado y su aplicación sumamente difícil. El nuevo instrumento, mucho más robusto, tiene un carácter integral y ecosistémico; además, contiene instrumentos de gobernanza que, aunque complejos, serán clave para su aplicación.
Tan pronto como sea aprobado oficialmente, el Ejecutivo de nuestro país debe apresurarse a suscribir el tratado, y enviarlo de inmediato a la Asamblea Legislativa para su ratificación. Hay mucho de por medio: la protección de nuestras amplias aguas patrimoniales, que forman un todo ecológico con altamar, nuestras responsabilidades globales y nuestras credenciales ambientales, que siempre debemos resguardar.
El mundo tiene ante sí un sólido instrumento; también nosotros como país. Debemos hacer lo posible por activarlo con celeridad.