Durante los últimos años, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) ha sido administrada políticamente, sin apego a los principios más elementales. Desde hace tiempo, los administradores sabían que, con la competencia en su línea de servicios por la entrada en operación de la terminal de contenedores de Moín, enfrentarían problemas financieros y poco, o nada, hicieron por anticiparlos y desplegar acciones correctivas oportunas. Ahora, Japdeva entró en crisis y, aparentemente, deberá liquidar entre 800 y 950 empleados, según a quien se le pregunte, de un total de 1.186.
A pesar de la debilidad de las finanzas del Gobierno Central, la administración Alvarado prepara un presupuesto extraordinario de ¢30.000 millones para mantener la operación de Japdeva, informó Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la entidad. Entre las posibles salidas, se ha propuesto dar a los empleados cesados bonificaciones hasta de ocho salarios por encima de lo que por ley les corresponde.
Otra medida bajo análisis es adelantar la jubilación de los mayores de 55 años de edad y 25 de cotizar. Si el adelanto de la pensión tuviera una sólida base actuarial, por ejemplo, un beneficio inferior al recibido por quienes se pensionan a la edad exigida por el respectivo régimen, no constituiría un problema fiscal. Otra sería la historia si se ahorra en la partida de salarios de Japdeva, pero se incurre en erogaciones no previstas en el rubro de pensiones con cargo al presupuesto nacional.
Japdeva, como cualquiera otra empresa, debe regirse por las normas comerciales comunes. Si por falta de actividad debe prescindir de empleados, está obligada a reconocerles los pagos contemplados por la legislación en caso de cesantía. No más. El Estado costarricense y las empresas de su propiedad, muchas de las cuales deberían ser privadas, no tienen por qué ser el empleador de última instancia. En el tanto mantengan gente empleada solo para evitar huelgas, los contribuyentes sufrirán el costo del sinsentido.
El traslado de exservidores de Japdeva a otras entidades del Estado es bienvenido si no es a la fuerza, artificial, es decir, solo para evitar despidos, pues aparejaría gastos mayores a cambio de nada. El Código de Trabajo manda el pago de cesantía para dar oportunidad a los trabajadores de trasladarse a otras ocupaciones útiles para la colectividad. Si la baja en el nivel de actividad económica del país fuera generalizada, por causas no imputables a alguna empresa en particular, en vez de un caso idiosincrático, como es el de Japdeva, entonces un seguro de desempleo sería la forma de atender el problema.
Las empresas públicas no deben ser utilizadas por sus servidores para extraer rentas y pagos que no se corresponden con los servicios suplidos, ni deben mantenerse mediante carísima respiración artificial por mucho tiempo. Es preciso dirigirlas y administrarlas con criterio profesional, por profesionales, y no han de usarse para pagar favores políticos de ninguna índole. Cuando, por fallas en la administración, deban cerrarse, así se debe hacer.
La crisis que afecta a Japdeva no obedece a choques externos, impredecibles, atribuibles a embates de la naturaleza, como los huracanes y terremotos, ni nada por el estilo, sino a un deterioro visible desde hace años. Japdeva tiene cuatro años consecutivos de incurrir en pérdidas financieras. En el 2018, por ejemplo, cerró con un déficit de ¢3.416 millones. Si sus directores y administradores no fueron capaces de entender lo que eso significaba o, reconociéndolo, hicieron caso omiso de la señal esperando entregar a otros un ente agonizante, ese no es motivo para que el gobierno continúe inyectando colones buenos a una mala empresa.