El desempeño práctico de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) se desvía significativamente del objetivo de su creación. En vez de coadyuvar al desarrollo económico regional, el estado de resultados muestra la dilapidación de recursos públicos, tan escasos como son en la actualidad.
En efecto, aunque tuvo sobrado tiempo para hacerlo, Japdeva no se organizó para enfrentar la entrada en operación de la terminal de contenedores de Moín, que modificó sustancialmente sus operaciones, ya comprometidas en lo financiero desde mucho antes. Japdeva añadió a los problemas de antaño una reacción tardía a los cambios del entorno. El año pasado, por ejemplo, la merma en la actividad obligó a reducir la planilla y la entidad se desprendió de 507 de sus 1.157 trabajadores. Con esa medida se proponía obtener ahorros lo suficientemente elevados para generar utilidades de operación. El proceso de movilidad laboral también incluyó concesión de bonos y anticipo de pensión a un grupo de 200 servidores.
No obstante, la situación financiera no muestra una mejora importante a partir de octubre del año pasado, cuando se adoptaron las medidas correctivas. Si bien los egresos han mostrado una tendencia a la baja, los ingresos están prácticamente estancados y continúan muy por debajo de los gastos, como informamos en un reportaje reciente.
Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la institución, reconoció la brecha y la necesidad de encontrar nuevos negocios para cerrarla con prontitud. El problema es que esas nuevas actividades no aparecen y, en el ínterin, Japdeva debe recibir oxígeno de otras entidades estatales.
Según Yorleny León, diputada limonense por el Partido Liberación Nacional, al paso que lleva la adopción de medidas correctivas, es poco factible alcanzar la estabilidad financiera a mediano plazo. Japdeva no debe ser un “elefante blanco”, es decir, una carga para las finanzas públicas. Urge la reestructuración para sobrepasar cuanto antes el punto de equilibrio entre ingresos y gastos.
La entidad debe explorar todas sus posibilidades, desde dar en concesión por lo menos parte de sus negocios hasta procurar ayuda del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para renegociar el contenido de la convención colectiva y eliminar los gastos injustificados. Además, el gobierno debe exigir la presentación de un plan de saneamiento viable, profesionalmente elaborado a partir de supuestos claros en cuanto a las actividades productivas y los resultados esperados.
La propuesta debe ser analizada por expertos liderados por el Ministerio de Planificación y Política Económica. Y si las proyecciones coinciden con la opinión expresada por la diputada León, solo quedaría clausurar la empresa para evitar más destrucción de riqueza social. Únicamente un estudio de esa naturaleza permitirá precisar la mejor forma de servir al interés nacional.
Japdeva es una de muchas empresas e instituciones públicas (CNP, Fanal, Fonabe, por ejemplo) que no satisfacen claros objetivos de interés social y más bien operan con pérdidas. Ese es un despropósito dada la debilidad de las finanzas del sector público consolidado. Las reestructuraciones motivadas por cambios en el entorno deben ser rápidas, pero, en el sector público, el objetivo implícito es comportarse como empleador de última instancia. Por eso, es tan difícil deshacerse de las plazas innecesarias, aunque cuesten pérdidas año tras año.