Todas las circunstancias del atentado contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, apuntan a motivaciones políticas de los sicarios. Maldonado fue perseguido por el gobierno de su país después de participar en las protestas de abril del 2018 y se vio obligado, como tantos otros, a escapar hacia Costa Rica.
En el 2021 sufrió, en Escazú, un primer ataque. Sobrevivió por un milagro y la destreza de los médicos que lo atendieron. Uno de cinco balazos rozó una válvula del corazón y otros dos dieron contra el brazo izquierdo. Uno se alojó en el estómago y el quinto en la clavícula. Pasó más de tres semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Las investigaciones no esclarecieron el caso, pero la actitud de las autoridades locales apunta a su aceptación de la naturaleza política del ataque. Roy Ruiz, agente encargado de las pesquisas, dijo, en febrero del año pasado, que no había “podido dar con el móvil exacto del hecho”, pero, lejos de identificar algún otro motivo, la policía brindó a Maldonado protección durante varios meses.
“Lo que está por establecer la policía judicial es si este ataque está directamente relacionado o no con las diligencias o las gestiones de Joao Maldonado contra el régimen de Ortega, ya que es exiliado político desde el 2018″, agregó Ruiz en aquella oportunidad como para no dejar de referirse a la hipótesis más probable.
Según Maldonado, en agosto del 2023, agentes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) visitaron su vivienda para trasladarlo de inmediato, con toda su familia, a una casa segura. Habían obtenido información de otro atentado. Ese segundo ataque ocurrió el miércoles, menos de cinco meses después del rápido desalojo de la casa familiar. También desde una motocicleta, como había ocurrido en el 2021, dos hombres dispararon contra Maldonado y su esposa, esta vez en la calle principal de San Pedro. Ambos fueron heridos de gravedad. Él recibió siete balazos y ella, dos.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) también intervino en el caso de Maldonado y, gracias a sus gestiones, este mismo mes lo trasladarían a Estados Unidos para protegerlo mejor. El atentado ocurrió cuando la pareja de nicaragüenses abandonó la casa de seguridad donde estaba para hacer un trámite relacionado con el ingreso de su hija a ese país.
La Nación tiene copia de los mensajes de audio amenazantes, recibidos mediante WhatsApp. Maldonado dice haber tenido llamadas desde números nicaragüenses después del primer atentado. Los sujetos le advertían de que volverían a atacar y en el segundo intento no fallarían.
Hay razones para ver a Maldonado, desde Managua, con especial encono. Fue miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional y trabajó para el gobierno. Se hizo opositor en las barricadas erigidas por los vecinos de Jinotepe, a unos 60 kilómetros de Managua, durante una de las peores crisis del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su padre, Tomás Maldonado, exguerrillero sandinista y mayor retirado del Ejército, fue acusado de terrorismo, traición a la patria y otros delitos. Quedó en libertad, enfermo, mediante una amnistía y murió en su casa meses antes del atentado en Escazú.
Otros nicaragüenses refugiados en nuestro país dicen haber sufrido persecución y amenazas. Algunos han logrado convencer a los organismos internacionales de la necesidad de su traslado a otros países, como estaba a punto de suceder con Maldonado y sus familiares. Él no expresa duda sobre el origen de las agresiones: “Aquí hay una base del gobierno de Daniel Ortega, hasta donde tenemos información, de gente que estuvo participando en los años ochenta aquí, inteligencia del Ejército, la seguridad del Estado, que actualmente está operando aquí, en Costa Rica”, dijo en una entrevista con La Nación el 19 de setiembre pasado.
La presidencia envió ayer un comunicado donde niega la visita de la DIS a la casa de Maldonado para trasladarlo a un lugar más seguro. El mismo comunicado niega la existencia de “ningún tipo de indicio de que en Costa Rica haya alguna célula organizada y controlada por el gobierno nicaragüense”.
El desinterés de nuestra agencia de seguridad nacional por un caso como este sería, cuando menos, llamativo. Lo mismo puede decirse de la descalificación de dos atentados, catorce balazos, los testimonios de otros refugiados y las gestiones de relocalización de agencias internacionales como “indicios” de la existencia de una célula dirigida contra los refugiados. Por el contrario, los elementos citados abonan a la necesidad de investigar los hechos con intensidad y urgencia, no solo por razones humanitarias, sino también por motivos de seguridad y soberanía nacional.