El presidente Carlos Alvarado giró instrucciones para iniciar una investigación administrativa sobre el enfrentamiento entre policías y estudiantes en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Por su parte, el Ministerio Público confirmó la apertura, de oficio, de un expediente para investigar la “dinámica de los hechos ocurridos… y determinar si las personas involucradas, o algunas de ellas, cometieron un delito”.
Ambas investigaciones son necesarias. El Ministerio de Seguridad Pública debe precisar si sus oficiales actuaron con precipitación y exceso, no solo para sentar las responsabilidades que existan sino, también, para ajustar procedimientos y valorar la aptitud de quienes ejercían el mando la noche del miércoles.
La Fiscalía debe esclarecer si hubo delitos imputables a policías, a manifestantes o a ambos. Ni la Policía puede excederse en el uso de la fuerza, ni los participantes en una protesta pueden expresar su enojo con el lanzamiento de objetos, según la versión de la Fuerza Pública.
El esclarecimiento de las circunstancias ayudará a aquilatar si hubo violación de la autonomía universitaria. El fuero reconocido a las universidades es de larga data, pero en América Latina echó profundas raíces tras la reforma universitaria iniciada en Córdoba, Argentina, en 1918. Su importancia para la sociedad democrática no puede ser negada. Por eso las investigaciones de lo sucedido el miércoles deben ser exhaustivas.
Las universidades no gozan de extraterritorialidad, como es el caso de las sedes diplomáticas, cuyos terrenos, por ficción jurídica, están sometidos a la soberanía del país que representan, pero más allá de la independencia en el desempeño de sus funciones y de la plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y darse su propia organización y gobierno, los recintos universitarios merecen un respeto justificado por importantes razones históricas.
La Sala Constitucional ha definido dos hipótesis para legitimar el ingreso de la Policía en los recintos universitarios. Una es el cumplimiento de una orden judicial y, la otra, la comisión de flagrante delito. Solo la investigación de los hechos del miércoles acreditará la existencia o falta de esta última justificación legal, alegada inicialmente por la Fuerza Pública.
Según los participantes en las protestas, la manifestación ya había concluido y ellos se retiraban pacíficamente hacia el campus universitario, donde fueron perseguidos. Según la Policía, la persecución se debió a una agresión con piedras que no puede ser amparada por la autonomía universitaria y califica como flagrante delito.
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Lo sucedido, como dicen los rectores de las universidades públicas, “es impropio de una sociedad democrática y pacifista como la costarricense”. Solo la investigación determinará si la actuación de la Policía “transgrede la autonomía universitaria”, como también dicen los jerarcas de las casas de estudio.
Especial atención merece la agresión de un Policía al periodista Javier Córdoba, del Semanario Universidad. En ejercicio de su labor informativa, el profesional filmaba los acontecimientos cuando un oficial le puso el bastón en el cuello para detenerlo, aunque se identificó como miembro de la prensa y tenía rato de hacer su labor en el sitio, a vista de todos. “Tuve que gritar que era periodista para que me soltaran y no me golpearan”, explicó Córdoba. Los periodistas tienen el derecho, y la obligación, de acudir a los lugares donde se producen hechos de interés público para informar de ellos a la ciudadanía. Nadie debe impedírselos.