Las universidades públicas participan del debate nacional desde la posición de autoridad conferida por su condición de casas de enseñanza superior, pero sus manifestaciones frecuentemente tienen otro carácter. Cuando hablan de salarios y beneficios laborales de su personal, responden a intereses gremiales. Cuando hablan de política pública, a menudo reflejan la opinión de grupos dominantes en su política interna.
Conviene recordarlo, sobre todo cuando pregonan su excepcionalidad y extienden el concepto de autonomía para escapar a toda regulación. No son criterios técnicos, surgidos de sesudos ejercicios académicos, sino simples manifestaciones en defensa de intereses muy concretos y preferencias políticas particulares.
Una cosa son las aulas y la función formativa, y otra las manifestaciones de las universidades como corporaciones. Urge entender la diferencia para no confundirnos cuando defienden sus estrechos intereses y opiniones. La confusión les permite identificar como «enemigos» de la educación superior a quienes exigen racionalidad en la inversión de los recursos destinados a ella.
Las universidades nos aconsejaron dar la espalda al tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, le señalaron una larga lista de «inconstitucionalidades» y se hicieron eco de nociones erróneas pregonadas por los opositores del acuerdo. Las inconstitucionalidades no existían, los horrores no se materializaron y los aportes del comercio y la inversión extranjera son cada vez más obvios. A pocos se les ocurre argumentar por la marcha atrás y, en su momento, la oposición manifiesta por los centros de enseñanza superior no la compartían todos los académicos, quizá, ni siquiera la mayoría.
Otro centro de estudios se dio a la tarea de publicar, durante la administración de Laura Chinchilla, índices de desempleo basados en factores distintos a los contemplados para estimar las estadísticas oficiales. Cuando cambió el gobierno por uno más afín y la desocupación se mantuvo en niveles parecidos, la nueva «metodología» cayó en el olvido.
Los ejemplos son muchos, pero la distancia entre el criterio reposado, nacido del estudio, y la defensa del interés personal se agiganta cuando la discusión se centra en los beneficios laborales. Poco importa la segura insuficiencia del Fondo Especial para la Educación Superior a la vuelta de pocos años, los privilegios se mantienen y los rectores convocan manifestaciones, con asueto y otras ventajas, para defenderlos.
La última de esas manifestaciones, frente a la Asamblea Legislativa, fue raquítica y atendida en buena parte por personal administrativo. Visto el fracaso y la inminencia de una ley de empleo público que pondría coto a los abusos, los rectores ofrecen crear una comisión para estudiar el problema en el plazo de un año y darse una regulación especial.
Admiten la existencia de dificultades. Ese es un gran avance; sin embargo, trae implícita la confesión del desorden imperante hasta ahora y obliga a preguntar por qué la vista de los rectores se despejó apenas entendieron la probabilidad de ser incluidos en la ley de empleo público. Una reflexión serena, académica si se quiere, les habría revelado hace muchos años la urgente necesidad de actuar y la imposibilidad de sostener los pluses acordados.
Confrontados con esa realidad, los rectores solo atinan a decir que en cada momento hay distintos actores. Es decir, los jerarcas pasados no tuvieron la misma comprensión del problema, no le dieron la misma importancia o no estuvieron dispuestos a enfrentar a los grupos de presión internos. Ninguna de esas razones nace de un ejercicio académico ni de una especial ponderación del interés nacional. Debemos aprender a verlo como lo que en realidad es.