El crecimiento de la deuda costarricense es una acelerada carrera hacia el abismo. Los números deberían convencernos. Las obligaciones del Gobierno Central ya rondan el 60 % del producto interno bruto (PIB) y los intereses absorben ríos de recursos necesarios para resolver grandes carencias nacionales. Entre el 2007 y el 2017, el endeudamiento como porcentaje de la producción se duplicó. En los últimos dos años, creció diez puntos porcentuales más.
El crecimiento de la deuda es producto de los constantes déficits de las finanzas públicas. Año tras año, el gobierno gasta más de lo que ingresa y la diferencia se financia con dinero prestado. Para interrumpir el círculo vicioso, cuyos giros conducen inevitablemente a la ruina, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma tributaria el año pasado y le incorporó la regla fiscal, a cuyo tenor el aumento del gasto corriente (no destinado a inversión) depende del nivel de endeudamiento y el crecimiento de la producción.
Si la deuda pesa entre un 45 % y un 60 % del PIB, el gasto corriente no puede crecer más del 75 % del promedio de aumento de la producción en los cuatro años anteriores. En situaciones críticas como la que estamos a punto de alcanzar (una deuda de más del 60 % del PIB), el gasto total, incluido el de capital (inversiones) se reduce al 65 % del promedio del crecimiento de la producción.
La aplicación de la regla fiscal lleva consigo un ajuste severo, pero no hay salida. El país ha llegado a este punto a lomos de sus excesos. En todos los sectores, hay reconocimiento de esa realidad, en mayor o menor grado. Eso no implica la aceptación de los sacrificios en cada caso. La huida de la regla fiscal es el equivalente, en el sector público, al desfile de grupos privados conscientes de la necesidad de elevar la carga tributaria, pero seguros, cada uno de ellos, de las estupendas razones para eximirse de la suerte de los demás.
El éxito de la regla fiscal y las posibilidades de salir de la difícil situación nacional depende de la aplicación uniforme de la medida. Lo mismo puede decirse de la aprobación de la próxima partida de eurobonos, indispensables para mantener la estabilidad el año entrante. El crecimiento de la deuda, por otra parte, es impensable. El estancamiento económico producto de las dificultades descritas se profundizaría si el gobierno sigue compitiendo por recursos financieros y el alza en las tasas de interés se constituiría en un obstáculo más a la inversión y el crecimiento. Las instituciones empeñadas en eximirse del esfuerzo nacional deben pensar con detenimiento en las consecuencias para los sectores más desposeídos de la sociedad.
Las universidades, rebosantes de privilegios, pretenden desentenderse del difícil contexto nacional y esgrimen su autonomía para declararse exentas. Plantearon el caso a la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República ya se presentó a rendir informe ante los magistrados. La autonomía universitaria solo podría ser limitada por normas de igual rango constitucional, dijeron los procuradores, y todo depende del alcance del principio de equilibrio financiero derivado de la Constitución por los magistrados al contestar la consulta sobre el plan fiscal.
Ese principio es, ante todo, una garantía de la sostenibilidad del Estado y el reconocimiento de un derecho a recibir las prestaciones a su cargo, sin las cuales no hay garantía para la dignidad humana, especialmente de los más necesitados. “Frente a una condición crítica en las finanzas públicas, que pone en riesgo la efectiva o adecuada ejecución de las prestaciones de relevancia constitucional, la decisión de las autoridades competentes de definir y tomar medidas aptas para paliar o solucionar el problema, no solo resulta razonable sino que, aún más, es insoslayable”, escribieron los magistrados.
La pretensión de las universidades está por resolverse en la Sala, pero las municipalidades cabildean en el Congreso para eximirse por medio de una reforma legal. También ellas invocan su autonomía. Ojalá los diputados no hagan en este caso lo que hicieron con las cooperativas cuando se armó el “sálvese quien pueda” para evitar nuevos impuestos. Los gobiernos locales desempeñan funciones importantes, pero no más que el resto del aparato estatal.