El término pensiones de lujo, demasiado impreciso y, por eso, aplicable a jubilaciones muy dispares, sirve, no obstante, como descriptor de un puñado de regímenes ajenos al de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social, único sistema disponible para la generalidad de la población, incluida la del Régimen No Contributivo.
Quien no está afiliado a otro sistema, simplemente porque no labora para una de las instituciones o sectores beneficiados de los regímenes especiales, cotiza obligatoriamente para el IVM, que es, en consecuencia, el fondo de pensiones más grande del país, con unos 300.000 jubilados.
Una pensión es de lujo, no importa cuánto haya cotizado su beneficiario, si el monto no guarda relación con las contribuciones hechas a lo largo de la vida laboral, salvo el caso del Régimen No Contributivo, cuya existencia responde a razones de pura solidaridad con quienes llegan a la vejez sin jubilación.
El porcentaje de la cotización individual es un parámetro engañoso, sobre todo si se aplica al examen comparativo de diversos regímenes. La cotización del IVM puede parecer baja al lado de algunos otros sistemas, pero la confrontación debe tomar en cuenta el beneficio promedio y no partir de la pensión máxima del IVM, concedida a un puñado de trabajadores con altos salarios y cuantiosas cotizaciones en términos absolutos, si no porcentuales.
Una pensión también es de lujo cuando el Estado cotiza, como patrono y como tal, porcentajes muy elevados en relación con sus contribuciones al IVM. Los recursos públicos deben beneficiar a todos por igual, sin importar el lugar de trabajo. En algún caso, el Estado ha incumplido sus obligaciones, pero la irresponsabilidad y la demagogia también golpean al IVM y han venido disminuyendo el valor de sus pensiones a lo largo de los años.
Un régimen es de lujo cuando el 9 % (5.425) de los 60.900 pensionados de los regímenes cargados al presupuesto nacional —clausurados en 1992 por insostenibles— reciben más del 25 % (¢200.000 millones) de los casi ¢762.000 millones gastados al año para cumplir las obligaciones contraídas por el Estado.
Lujosas son las pensiones de regímenes gravados con contribuciones solidarias para llevar el beneficio neto promedio a ¢2 millones mensuales, como sucede con el citado 9 % de los pensionados de los sistemas cargados al presupuesto nacional. La pensión máxima del IVM, no importa cuánto cotizó su beneficiario, alcanza sin posposición poco más de ¢1,5 millones netos y muy pocos la disfrutan.
Ni hablar, por supuesto, del lujo de las pensiones regaladas en la Caja Costarricense de Seguro Social y otras instituciones donde existen fondos de retiro para los empleados financiados con dinero público. En esos casos los montos son menores, pero siempre pueden alcanzar hasta ¢324.120, casi ¢60.000 por encima del promedio del IVM.
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), plantea la necesidad de evolucionar hacia un sistema único y costeable, capaz de garantizar una pensión digna a todos los ciudadanos. En la ruta hacia ese objetivo, el Estado debe respetar los derechos adquiridos por los beneficiarios de cada régimen.
Durante años, la demagogia y el clientelismo político crearon demasiados regímenes con gran diversidad de condiciones, beneficios y aportes. La inequidad resultante es obvia, así como el impacto fiscal. Medidas como la imposición de tributos, con respeto para los límites fijados jurisprudencialmente, contribuyen a adelantar la transición, pero el propósito final debe ser desmontar la inicua construcción de tantos años.