El 5 de este mes, en su primera reunión presencial de ministros desde el comienzo de la pandemia, los 23 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordaron reducir su producción en un 2%. El propósito: forzar el aumento en los precios del crudo. El incremento ha sido modesto desde entonces, pero contribuyó a elevar la incertidumbre económica y las presiones inflacionarias globales; además, tuvo inmediatas repercusiones geopolíticas.
Estados Unidos reaccionó con justificada molestia ante la medida, que consideró favorable a Rusia, también gran productora de petróleo, aunque no es miembro del grupo. La crítica de Washington fue particularmente severa hacia Arabia Saudita, el país más influyente en la OPEP, que el presidente Joe Biden había visitado y cortejado en agosto, con la esperanza de que aumentara su producción. La Casa Blanca anunció una reevaluación de sus relaciones con los saudíes, no solo por su responsabilidad directa en el acuerdo del 5 de octubre, sino también por su creciente cercanía con Moscú.
El martes 11, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó una versión actualizada de su informe Perspectivas de la economía mundial, con un mensaje tan preocupante como realista. “La actividad económica mundial —dice en su introducción— está experimentando una desaceleración generalizada y más acentuada de lo previsto, con la inflación más alta registrada en varios decenios”. Esa desaceleración, según sus estimaciones, reducirá el crecimiento del producto global del 6% el pasado año al 3,2% este, y apenas un 2,7% en el 2023. La inflación, en cambio, llegará en diciembre a un 8,8%, y el próximo año descenderá al 6,5%, aún mucho más alta que en años recientes.
Los factores que impulsan el bajo crecimiento y la alta volatilidad son múltiples. Vienen desde la pandemia, con sus enormes disrupciones en las cadenas globales de suministros, la desaceleración generalizada y los demenciales incrementos de costos en el transporte y varios insumos para la producción. Cuando estaban comenzando a ceder, se produjo un nuevo impulso: la injustificada e injustificable invasión de Rusia a Ucrania, que acentuó algunos de los problemas ya existentes y generó otros más. Esta nueva ola disruptiva elevó sustancialmente el precio de los hidrocarburos, los fertilizantes y los alimentos esenciales, en particular el trigo, además de reducir drásticamente su oferta.
Como resultado de lo anterior se dispararon las presiones inflacionarias a niveles sumamente preocupantes, y los bancos centrales de casi todos los países han respondido con muchas más elevadas tasas de interés. De ahí la desmejora en las condiciones económicas actuales y las perspectivas tan negativas para el próximo año.
Es en medio de estas circunstancias que la decisión de la OPEP, que representa un poco más del 40% de la producción petrolera mundial, adquiere particular relevancia, tanto económica como política. Lo primero, porque, por lo menos a corto plazo, atizará la inflación; lo segundo, porque un incremento en los precios del petróleo, por muy modesto que sea, jugará a favor de Rusia y, por tanto, de su capacidad para atemperar el efecto de las sanciones occidentales y seguir financiando su agresión contra Ucrania.
Estamos ante una mezcla de desaceleración, inflación e incertidumbre, en medio de los peores conflictos y realineamientos geopolíticos desde el fin de la Guerra Fría, con el fantasma de un eventual conflicto nuclear nuevamente en el panorama de lo posible. Es una prueba de gran envergadura, que demanda liderazgos visionarios, firmes y estratégicos en todos los niveles, particularmente de las grandes democracias, aunque ningún país escapa a tal responsabilidad.