Si todos los miembros de las fracciones incorporadas al acuerdo para elegir al Directorio legislativo hubieran sido fieles a la promesa de sus agrupaciones, Rodrigo Arias y Gloria Navas habrían recibido 51 votos, no 50. La socialcristiana Melina Ajoy ganó la primera secretaría con 49 votos, 3 de los cuales se le sumaron luego de anulados por tener mal escrito su segundo apellido. La oficialista Luz Mary Alpízar ocupará la segunda secretaría con 48 votos, al igual que los dos prosecretarios.
Nadie obtuvo los votos pactados, y está bien. Cada diputado debe votar según su criterio, y si la línea de partido le resulta inaceptable, puede separarse de ella. Lo malo es hacerlo en secreto. La subrepticia ruptura del acuerdo no tuvo consecuencias para los resultados perseguidos con el pacto, pero sí para la transparencia, y esa no es una afectación menor. Los diputados lo saben. Así lo demuestra la vehemencia de todas las fracciones al descartar la pertenencia de los tránsfugas a sus filas.
La opacidad siembra desconfianza en el sistema democrático y los primeros llamados a combatirla son los diputados. El Poder Legislativo debe ser el más transparente de todos los poderes. Esa es la clara intención de la Constitución Política cuando establece la transparencia como regla y restringe las excepciones.
El reglamento legislativo, por su parte, fija taxativamente los casos del voto secreto. Se excede en la cantidad de materias sustraídas del conocimiento público, pero no incluye entre ellas la elección del Directorio. No obstante, esa es la práctica, fuente de inagotables polémicas y recriminaciones. Para ahondar en la ofensa a las aspiraciones de transparencia, el secreto se viola según los diputados lo estimen oportuno. Cuando lo consideran conveniente, los partidos supervisan el voto de sus legisladores exigiéndoles mostrarlo al compañero más cercano.
La defensa de la práctica casi siempre parte de una confusión entre el sufragio universal y el voto parlamentario. Son manifestaciones de voluntad totalmente distintas. El sufragio, para ser verdaderamente democrático, exige el secreto. Las decisiones del Parlamento, para ser realmente democráticas, deben ser adoptadas con publicidad.
Los legisladores votan en representación de quienes los eligieron. Sus representados tienen derecho a saber cómo votaron porque no hay otra forma de juzgar la fidelidad al mandato. Mantenerlos en la ignorancia es negarles información indispensable para ejercer el sufragio.
Por otra parte, el secreto del sufragio universal es un derecho humano fundamental según el artículo 23, inciso b de la Convención Americana, pero la regulación del voto parlamentario es un asunto de orden interno del Congreso, según reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional.
La Asamblea Legislativa haría bien si elimina el secretismo en la elección del Directorio. Los diputados deben votar de cara a sus electores, no a espaldas de ellos, como sucedió en esta oportunidad. Un legislador decidido a separarse del compromiso adquirido por su partido debe hacerlo con franqueza para su agrupación política, sus compañeros de bancada y, sobre todo, los ciudadanos. El voto ejercido en la oscuridad ni siquiera cumple la función de protesta. Solo despierta dudas y las proyecta injustamente sobre los demás legisladores.
No hay motivos válidos para conservar el secreto en la elección del Directorio y tampoco en otros casos. Además de la influencia del cargo, el legislador cuenta con las inmunidades y fueros concedidos por el ordenamiento jurídico. No tiene nada que temer.