Los diputados recién elegidos encontraron ante sí propuestas de reforma fiscal que debieron ser aprobadas tiempo atrás. Ese no fue el caso, y ahora les corresponde estudiar y decidir sobre la materia. El tema es urgentísimo, pues la debilidad de las finanzas públicas —déficit proyectado del Gobierno Central superior al 6 % del valor de la producción (PIB), deuda cercana al 50 % del PIB y con tendencia al alza y carga de intereses cada vez más elevada— no permite seguir posponiendo la solución estructural.
Buena parte de los diputados elegidos en febrero desconocen aspectos importantes del problema. Deben hacer un esfuerzo por dominarlo para tomar decisiones a conciencia. Un primer punto por considerar es que el ajuste de las finanzas públicas tiene un componente cuantitativo claro: para evitar que el endeudamiento del gobierno siga creciendo, es preciso adoptar medidas correctivas que sumen, cuando menos, tres puntos porcentuales del PIB. Esto lo tienen documentado expertos del país, el equipo de técnicos del Ministerio de Hacienda y el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad multilateral cuyos funcionarios de tiempo en tiempo hacen estudios de la situación económica de los países miembros, Costa Rica entre ellos, al amparo de lo que se conoce como el Artículo IV.
Los informes del FMI contienen información valiosísima para los tomadores de decisiones de política pública. Por tanto, son fuente obligatoria de consulta. La magnitud del ajuste requerido por un país para estabilizar el endeudamiento público depende de diversos factores. El primero es el monto de la deuda inicial respecto al PIB. El segundo es la tasa de interés pagado sobre la deuda. Cuando el endeudamiento supera cierto nivel (por ejemplo, en países como Costa Rica, el 40 % del PIB) las tasas de interés exigidas por el mercado suben. Eso se traduce en estrujamiento presupuestario porque para pagar intereses (en Costa Rica el pago anual anda alrededor del 3,3 % del PIB) necesariamente se sacrifican otras partidas de interés social e infraestructura.
El tercer factor condicionante es la tasa de crecimiento real de la economía. Tasas altas de crecimiento reducen el endeudamiento relativo (deuda/PIB), el desempleo y contribuyen a mejorar la recaudación fiscal. Por eso toda medida de ajuste debe tener especial cuidado de no atentar contra el crecimiento económico. En la actualidad, la economía costarricense crece a una velocidad cercana al 4 % anual, tasa inferior a la de interés pagada por el gobierno.
El endeudamiento crecerá año con año si el gobierno opera con déficit, que actúa como el combustible de un fuego. El déficit que para estos efectos cuenta es el “primario”, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos antes de considerar intereses. La cifra para Costa Rica es un 3 % o 3,2 % del PIB.
De todo lo anterior se deduce que el ajuste fiscal necesario para estabilizar la deuda del gobierno es de un 3,5 % o 4 % del PIB (para referencia, un 1 % del PIB equivale aproximadamente a ¢350.000 millones). Semejante ajuste no puede provenir solamente de aumento de impuestos, pues eso lesionaría la capacidad de crecimiento económico.
Recientemente informamos sobre un interesante intercambio de ideas entre voceros del Partido Liberación Nacional (PLN), la fracción legislativa más grande, y voceros del Poder Ejecutivo (“PLN exige cortar gasto para aprobar plan fiscal”, La Nación, 10/5/2018). Carlos Ricardo Benavides, jefe del PLN, manifestó que espera del equipo económico una propuesta “contundente en lo que toca a contención del gasto”. Por su parte, Rodolfo Piza, titular de la Presidencia, prometió que “en este mes de mayo la señora ministra de Hacienda presentará las grandes líneas de acción en materia de contención del gasto público”.
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Como una reforma tributaria per se no puede aportar todo los recursos necesarios para cerrar el hueco fiscal existente y el proyectado (el FMI estima que la extensión del IVA a servicios podría aportar anualmente un 0,5 % del PIB y que elevar del 13 % al 15 % la tasa añadiría un 0,8% del PIB), es necesario adoptar medidas legales (no solo administrativas, que pueden ser pasajeras) de contención del gasto suficientes para disminuir el faltante. Por eso la propuesta que el Poder Ejecutivo dice hará en el transcurso de este mes debe ir más de allá de “grandes líneas de acción”. Ha de ser muy concreta y tener respaldo cuantitativo.