El contrato de concesión del megapuerto en Moín quedó en firme hace ocho años. Han pasado dos administraciones y estamos adentrados en la tercera, pero la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) todavía no ha seleccionado el banco donde constituirá el fideicomiso, anunciado en junio del 2016, para manejar el millonario canon impuesto a APM Terminals entre sus obligaciones de concesionaria.
En los primeros 11 meses de operaciones, la empresa giró $9,5 millones a Japdeva y el flujo de dinero, un 7,5 % de los ingresos netos del puerto, seguramente crecerá según se intensifique el tráfico y la compañía venza la “curva de aprendizaje” que sus administradores admiten haber enfrentado este año.
Japdeva apura el proceso de selección del banco, aprovechando una autorización de la Contraloría General de la República, concedida hace seis meses, para hacerlo mediante un concurso de excepción, dada la premura. Mientras tanto, el dinero destinado a financiar proyectos de infraestructura y desarrollo social se acumula en las cuentas de la entidad.
Pero si no hubo capacidad para crear el fideicomiso durante los ocho años transcurridos desde que la necesidad se hizo evidente, tampoco hay un inventario de obras prioritarias para canalizar las inversiones. Andrea Centeno, recientemente nombrada para enfrentar el difícil reto de replantear la estructura y funciones de Japdeva, dice no estar preocupada por los proyectos porque las necesidades son muchas y las propuestas para resolverlas, también. “Lo importante es que pasen por el filtro técnico para que impacten a (sic) la mayor cantidad de la población y generen cambios estructurales”.
El planteamiento de la presidenta ejecutiva es inobjetable. Lo último que necesita la zona es desperdiciar los recursos en iniciativas ineficaces. El criterio técnico es indispensable y, también, el cuidado de invertir en proyectos beneficiosos para la mayoría, ojalá de efecto profundo y permanente. La pregunta es por qué, en tantos años, no hubo la previsión de recopilar una cartera de iniciativas técnicamente sólidas y de amplio impacto.
Pero las imprevisiones no terminan con el fideicomiso y la inexistente cartera de proyectos. La institución supo, desde la firma del contrato, que llegaría el momento de liquidar a buena parte de su planilla, desde siempre excesiva. En este punto, la administración de la expresidenta Laura Chinchilla no comparte responsabilidad por la imprevisión. Eso agrava la falta del gobierno siguiente, que tomó los ¢15.000 millones destinados a pagar las indemnizaciones y los invirtió en dos grúas pórticas de $16 millones que están en desuso prácticamente desde el primer día, como era perfectamente presumible.
Ahora, Japdeva enfrenta, al mismo tiempo, las urgencias de su transformación, las presiones de la liquidación de personal y el manejo de cuantiosos fondos destinados a inversiones aún no definidas. El tiempo transcurrido es imposible recuperarlo y las malas decisiones no tienen reparación. Si hubiera alguna consecuencia positiva, sería el aprovechamiento de tan doloroso aprendizaje para hacer a un lado la improvisación. Las autoridades deben resistir la tentación de ejecutar la primera ocurrencia con tal de demostrar movimiento, pero no pueden seguir posponiendo las medidas necesarias para encaminar las inversiones.
La región ya sabe de promesas incumplidas aunque el financiamiento para materializarlas esté disponible. El proyecto Limón Ciudad Puerto está fresco en la memoria, completo con su financiamiento y una unidad ejecutora cuya gestión no produjo obras. Los fondos de APM podrían alcanzar los $1.000 millones en 30 años. Sería un crimen no aprovecharlos al máximo.