La reducción del tope de cesantía de 20 a 8 años ahorrará a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ¢888.872 millones en los próximos doce años. ¿Cuánto dilapidó la institución entre el 2012, cuando hizo creer al país que los 20 años se redujeron a 12, y los meses finales del 2019, cuando por fin se le acabó el espacio de maniobra para evitar la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que impone un límite de 8 años?
¿Cuánto, vale preguntar, se habría ahorrado la seguridad social si nunca hubiera dejado de pagar a sus empleados la cesantía dispuesta por ley para el sector privado y el Gobierno Central? Si los ¢888.872 millones alcanzan para construir cinco hospitales como el nuevo de Cartago, ¿cuántos pudo edificar la institución con el despilfarro de los siete años de la tomadura de pelo ejecutada en el 2012?
En aquel año, inmersa en una grave crisis financiera, la Junta Directiva de la Caja anunció la reducción de la cesantía de 20 años, concedida por la dispendiosa administración del presidente ejecutivo Eduardo Doryan, a 12. Lo celebramos en este espacio, a pesar de la preservación del privilegio de cuatro años adicionales a los establecidos por el Código de Trabajo para el común de los mortales. Un cuatrienio de exceso es mejor que la docena de años de más concedidos por la Caja a sus empleados con el dinero cobrado para atender la salud de los ciudadanos.
No obstante, la Junta Directiva, sin informar al país y en completo sigilo, dio marcha atrás a la decisión. Años más tarde, este diario reveló que el acta donde se planteó modificar el cálculo de la cesantía y limitar el tope debió ser ratificada para dar firmeza a los acuerdos, pero se volvió a discutir 42 días después, en la sesión del 12 de junio del 2012, y solo se adoptó la nueva fórmula de cálculo, no la reducción del tope.
En junio del 2018, la Sala Constitucional limitó la cesantía en el sector público a 12 años al resolver una acción de inconstitucionalidad contra la convención colectiva del extinto Bancrédito. La Caja se sentó a esperar la redacción íntegra del fallo, pero en diciembre llegó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuyo texto establece un tope de 8 años. La Caja y su presidente ejecutivo, Román Macaya, maniobraron para mantener vivo el privilegio hasta entrado el 2019, cuando la Contraloría exigió apego a la ley aprobada el año anterior.
Las sumas despilfarradas son fabulosas si se les añaden otros abusos, como la inaplicación, durante más de una década, del criterio vinculante de la Procuraduría General de la República sobre la improcedencia de considerar el subsidio de incapacidad a la hora de calcular aguinaldo, salario escolar, prestaciones y otros beneficios dependientes del salario. Además del gasto directo por el cálculo ilícito, la práctica estimulaba las incapacidades porque en nada afectaban a los trabajadores, dado que también gozan de un subsidio privilegiado del 100 % del salario. Aplicada la resolución, las incapacidades disminuyeron un 40 % de un mes para otro, con lo cual también hubo ahorro en horas extraordinarias trabajadas para sustituir a los supuestos enfermos.
La institución desperdició miles de millones en el pago del 8,33 % del salario por año laborado a la hora del despido, pensión o muerte de sus empleados cuando, a partir de la Ley de Protección al Trabajador, solo debía pagar el 5,33 %, porque el 3 % restante se aporta, a lo largo de la relación de trabajo, al Fondo de Capitalización Laboral. El «error» subsistió durante once años. En ese período, los trabajadores recibieron, en la práctica, el 11,33 % de cesantía, con el beneficio adicional del tope elevado.
El país no necesita tantos hospitales de primera como los que pudo haber construido con el dinero despilfarrado, pero sí un segundo turno que atienda el interminable suplicio de las filas de espera. El miércoles informamos, una vez más, sobre la atención denegada, durante meses, a personas urgidas de una intervención quirúrgica para aliviar serios padecimientos o evitar el avance. Con el dinero malgastado en un solo año por los tres conceptos descritos, la Caja pudo haber construido cinco servicios de radioterapia, como el instalado en el hospital México. Tampoco hacen falta, pero por lo menos veríamos donde está el dinero.