La idea de una ciudad gobierno, donde se concentrarían las instituciones del Gobierno Central en edificios propios, construidos de conformidad con sus necesidades, ha sido defendida como una iniciativa de racionalización del gasto público. El proyecto eliminaría el pago de alquileres y la inversión inicial pronto podría ser recuperada. Ese rubro y el de mantenimiento de inmuebles cuestan $42,5 millones anuales.
No obstante, la construcción de aproximadamente 153.000 metros cuadrados en las inmediaciones de plaza González Víquez para albergar 16 ministerios tendrá un apreciable impacto sobre el sur de la capital, y si el proyecto armoniza con el reordenamiento del transporte público, la influencia benéfica del complejo de oficinas se hará sentir más allá de su ubicación inmediata.
La obra incluye espacios comerciales para dinamizar la economía del área, ciclovías, pasos peatonales y una plaza central con anfiteatro, pero solo habrá mil estacionamientos, de los cuales 750 estarán destinados a vehículos oficiales con el fin de incentivar el uso de transporte público, lo cual constituye, por el otro lado de la moneda, un compromiso con el desarrollo de opciones apropiadas.
Unos 8.393 funcionarios laborarán en las torres, construidas alrededor de una plaza principal. El espacio entre ellas será ocupado por vegetación y mobiliario urbano para privilegiar el uso peatonal.
Aparte del objetivo central señalado durante el lanzamiento de la idea, la concentración de los despachos facilitará la articulación entre dependencias y el acceso de los ciudadanos. También ofrecerá las condiciones apropiadas de seguridad, salubridad y funciones ausentes de las sedes actuales.
Los indiscutibles beneficios serían inalcanzables si el financiamiento dependiera de las arcas gubernamentales. En consecuencia, el anuncio de la conclusión de los estudios de factibilidad financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se acompañó de la propuesta de llevar a cabo el proyecto mediante una concesión por un plazo de 30 años.
Según la ministra de Planificación, Pilar Garrido, la iniciativa significaría un ahorro de $357 millones durante el período de la concesión. En los primeros años el Estado economizaría $1,5 millones y ese monto iría en aumento hasta alcanzar $50 millones en el último año. No parece haber razón para titubear. La actual administración pretende dejar listo el contrato de concesión antes de entregar el poder en mayo del año entrante. La construcción comenzaría en el 2022 y las instituciones podrían trasladarse en el 2025.
Las ganancias financieras, urbanísticas y para la gestión gubernamental son prometedoras a corto plazo. Una cuidadosa preparación de la licitación para escoger al concesionario es clave para consolidar el plan. Las condiciones están dadas para un nuevo contrato de obra pública ejemplar.
A diferencia de lo que podría pensarse, iniciativas como la de comentario son apropiadas aun cuando el país está inmerso en una pandemia y una grave crisis fiscal. Costa Rica no puede detener el afán de racionalizar el gasto público aunque para lograrlo sea necesaria la inversión. Tampoco puede dejar de echar mano de recursos como la concesión de obra pública para concretar proyectos y estimular la economía. La ciudad gobierno está en ciernes desde hace años. Es hora de concretarla.
La inversión ronda los $318,6 millones, según cálculos iniciales, y podría variar cuando la licitación quede en firme. Es un plan ambicioso, pero si los números son correctos, no hay nada que pensar, y más bien conviene tener en cuenta los costos de la dilación, tan poco considerados en el planeamiento y ejecución de obra pública en nuestro país.