No es cierto que al reglamentar la ley de condonación de deudas el gobierno evita la extensión del beneficio a los grandes deudores. El presidente, Carlos Alvarado, lo aseguró para dejar pasar la oportunidad de interponer un veto a la ley, cada vez más vergonzosa según se van conociendo los detalles.
Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería, se encargó de disipar las dudas —si alguna vez las hubo— con razones tan sencillas como lapidarias. La ley ordena al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) perdonar 2.705 créditos, sin filtros y sin criterios de exclusión. El Ministerio está obligado a tramitar las solicitudes sin saber quién se beneficiará ni cuál es el estado de los créditos. El SBD no proporciona la información en virtud del «secreto bancario», pero ese deber de sigilo es una falsedad entre muchas esgrimidas para justificar la iniciativa.
No es cierto que el secreto bancario cobije la repartición de fondos públicos entre particulares, no importa cuál sea su actividad económica. Un deudor con sus operaciones al día y sin pretensiones de auxilio estatal tiene derecho a exigir confidencialidad, mas no quien aspira al apoyo económico de los contribuyentes para salir adelante.
No es cierto que el proyecto haya sido aprobado para enfrentar deudas originadas por la pandemia. La ley falsea la realidad desde su bautizo: apoyo a beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, para la reactivación de unidades productivas en la coyuntura económica del país. La normativa perdona deudas con historial de incumplimiento antes de la covid-19. Por eso, se cuida de no exigir a los beneficiarios demostrar una relación de causalidad entre las pérdidas y la «coyuntura económica».
No es cierto que la ley tenga el propósito de beneficiar a pequeños productores. La Nación demostró la concentración de los créditos condonados en muy pocas manos. El 1,5 % de esas operaciones acapara el 62 % del dinero. El ministro de Agricultura lo confirma con otros datos: «El 93 % de las personas tienen el 24 % de la deuda total y alrededor del 75 % lo tiene el 7 % de los deudores».
No es cierto, siquiera, que la ley haya sido aprobada para ayudar a los agricultores a «reactivar unidades productivas». Entre los beneficiarios hay, cuando menos, una organización dedicada al financiamiento y la intermediación. Se beneficia con cerca del 15 % del total de las deudas condonadas, como también lo demostró este diario. A su vez, remató las propiedades de pequeños productores a quienes había prestado dinero del SBD.
No es cierto que la banca para el desarrollo beneficie a los productores cultivando el riesgo moral, el incumplimiento y las pérdidas. Quienes honran sus obligaciones quedan al margen de los beneficios. Además, el desfinanciamiento del SBD reduce su capacidad de conceder créditos a emprendedores necesitados de recursos y confirma la eficacia del clientelismo político. Al mismo tiempo, desprestigia el sistema.
No es cierto que los diputados y el presidente ignoraran las falsedades expuestas. Muchas fueron demostradas cuando todavía existía la posibilidad de evitar la materialización de los perjuicios. Al mismo tiempo, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Planificación sugirieron establecer parámetros claros y un plan de acompañamiento para restablecer las actividades productivas. Por su parte, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) advirtió del peligro de fomentar conductas oportunistas.
Es cierto, sin embargo, que el perdón de 2.705 créditos del Sistema de Banca para el Desarrollo costará a los contribuyentes ¢6.240 millones. También podemos tener certeza de la altísima probabilidad de nuevas condonaciones apenas se presente una oportunidad. Es la historia de nunca acabar.