Uno posee la legitimidad emanada de la Constitución y del último proceso electoral realmente libre y democrático celebrado en el país, pero no controla el aparato del Estado ni cuenta con la obediencia de las Fuerzas Armadas, al menos, hasta ahora.
El otro se impuso a contrapelo de la constitucionalidad, la legalidad y la voluntad del pueblo, que padece una crisis humanitaria de proporciones descomunales. Sin embargo, aún mantiene un férreo dominio sobre las instancias administrativas, judiciales y militares que conforman el poder duro.
El primero es Juan Guaidó, cabeza de la Asamblea Nacional de Venezuela. El martes asumió formalmente las tareas de presidente interino, en medio de multitudinarias manifestaciones que agitaron las principales ciudades del país y fueron reprimidas con violencia; el saldo reportado fue de 13 muertos. El segundo, Nicolás Maduro, se aferra al cargo y rechaza dar cualquier paso en pro de una verdadera reconciliación nacional, menos convocar a elecciones que permitan regresar a la democracia. La ruptura total se ha producido y ha abierto un inquietante panorama, inédito en la historia de América.
En su extremo más sombrío, podría conducir a una tragedia nacional, con destructivas repercusiones hemisféricas, y la instauración definitiva de una dictadura totalitaria, corrupta, anquilosada, ineficaz y, a la larga, insostenible. Sin embargo, con la instauración del mandatario de transición, con estricto apego a las normas de la Constitución, también se ha potenciado, con inusitado vigor cívico, claridad de rumbo y respaldo internacional, el camino para un verdadero cambio democrático en el país.
Juan Guaidó, junto al Parlamento que dirige y el movimiento civil que lo impulsa, encarna no solo el camino de la esperanza y la reconciliación, sino también la genuina institucionalidad y, por ello, la condición de único presidente legítimo de Venezuela. Maduro es un usurpador. Por esto, Guaidó y la democracia venezolana deben recibir un enérgico y claro apoyo internacional. Celebramos que se esté produciendo con rapidez y vigor, y que Costa Rica se mantenga a la cabeza de esta iniciativa, junto a otros 13 países del Grupo de Lima (entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú), además de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA). Tras desconocer la legitimidad del segundo mandato asumido por Maduro el pasado 10 de enero, todos estos países, Reino Unido, más el secretario general de la OEA, otorgaron el miércoles su reconocimiento a Guaidó como presidente.
Más gobiernos y organizaciones internacionales han activado otras acciones y declaraciones de apoyo a la democracia en Venezuela, y es probable que en las próximas horas o días algunos también reconozcan la autoridad del nuevo gobernante. Por ejemplo, el presidente francés, Emmanuel Macron, destacó el jueves “la valentía de centenares de miles de venezolanos que marchan por su libertad”. La Unión Europea llamó a escuchar sus voces y celebrar elecciones libres, y declaró que “apoya totalmente a la Asamblea Nacional como la institución elegida democráticamente, cuyos poderes tienen que ser restaurados y respetados". El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, declaró que, “contrariamente a Maduro, Guaidó sí tiene legitimidad democrática”. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, aunque mucho más cauteloso, demandó diálogo para evitar “una escalada que conduzca a un conflicto desastroso para la población del país y de la región”.
Hoy, Maduro solo puede mostrar como aliados a Bolivia, Cuba y Nicaragua en nuestro hemisferio, y a China, Irán, Rusia y Turquía, más uno que otro Estado minúsculo, en el resto del mundo. El aislamiento internacional, por sí mismo, difícilmente forzará la salida del poder de un déspota decidido a mantenerlo a sangre y fuego, y Maduro aún tiene la ventaja de las armas y el control institucional. Sin embargo, ese desconocimiento internacional puede conducir a decisiones demoledoras para el régimen, como, por ejemplo, que Estados Unidos impida a la red de compañías petroleras venezolanas en su territorio girar fondos a Maduro y, en su lugar, deban depositarlos a favor del gobierno legítimo. La solidaridad internacional, sumada a lo más importante, que es la enorme presión popular interna, el colapso económico, la corrupción rampante y el sentido de supervivencia futura de sus aliados actuales, sí podrá generar el cambio definitivo.
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En atención a lo anterior hay que desoír las voces y rechazar las tentaciones de intervenciones militares externas. Sus riesgos serían enormes, y el golpe al derecho internacional, demoledor, a menos que se cumplan minuciosamente los requisitos que este dicta para llegar a tales extremos. Esperamos que no sea necesario, pero nada lo asegura.
Los próximos días serán cruciales. Esperamos que conduzcan a la concreción de la esperanza, y no a la cúspide de la tragedia. Por el momento, hay buenas señales de que lo primero podría suceder. El pueblo venezolano merece todo nuestro apoyo y no debemos cejar en otorgárselo.