El futuro no encierra dudas. O aprobamos lo acordado con el Fondo Monetario Internacional o la crisis fiscal y económica alcanzará insondables profundidades, con riesgo para la paz social y el sistema democrático. El pronóstico no es producto de una imaginación febril, sino de la prudente ponderación de las advertencias de los encargados de calificar el riesgo soberano.
Moody’s, Fitch Ratings y Standard and Poor’s (S&P) desconfían de la voluntad de la Asamblea Legislativa para aprobar los acuerdos en vísperas de una campaña electoral. En la proximidad de los comicios, el sentido de la responsabilidad suele ceder a las tentaciones demagógicas y el ánimo de figurar.
Viniendo de quien vienen, las advertencias solo pueden ser ignoradas por una de las dos rutas del pensamiento evasivo desplegado en los últimos años. La primera, propia de los grupos de izquierda, es la supuesta defensa de la soberanía y el rechazo a la «injerencia» de empresas neoyorquinas en la conducción de la política fiscal. Es una peligrosa fantasía, pero la escuchamos en boca de la presidencia legislativa durante la administración de Luis Guillermo Solís. La segunda anida en los dos extremos del espectro político y atribuye las premoniciones de crisis al propósito de asustar para conseguir la imposición de medidas rechazadas por un sector u otro, de conformidad con sus agendas.
Pero los señalamientos no provienen del gobierno, sino de observadores externos e imparciales, cuya función no es lesionar la soberanía nacional, sino proveer información a los inversionistas para contribuir al desenvolvimiento de la actividad financiera internacional. Esos informes y las calificaciones de riesgo de ellos derivadas determinan el costo y la disponibilidad de crédito para un país con finanzas públicas tan comprometidas como las nuestras.
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«El riesgo de un shock es muy grande, en la deuda y en el tipo de cambio. El Fondo es la última oportunidad que tiene Costa Rica antes de la crisis grande y, posiblemente, del default (impago de obligaciones). Si esto no se aprueba, el mercado se va a espantar», aseveró Gabriel Torres, de Moody’s.
Las calificadoras expresan con claridad los motivos de su desconfianza. En su momento señalaron la exención de las municipalidades de la regla fiscal y ahora el desperdicio de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por $250 millones, «lo cual indica una tensa relación política entre la Asamblea y el Poder Ejecutivo (...). Al impedir el acceso a estos préstamos, el gobierno debe recurrir a endeudamiento en el mercado local a mayores costos y plazos más cortos», señaló Carlos Morales, director de análisis soberano para Latinoamérica de Fitch Ratings.
«Cualquier programa del FMI requerirá la aprobación inicial del Congreso (…). Aquí es donde pueden surgir más incertidumbres políticas y presión, ya que el gobierno necesita construir y mantener un apoyo político formal», añade con escepticismo Lisa Schineller, analista de S&P.
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Las tres agencias degradaron, el año pasado, la nota de riesgo de Costa Rica. Esas decisiones cuestan al país mucho dinero. Si volviera a ocurrir, los bonos nacionales pasarían a ser considerados irremediable chatarra. La posibilidad está a la vuelta de la esquina y nos lo dicen quienes podrían conducirnos a la chatarrera, no por su voluntad, sino por la aplicación de criterios técnicos universalmente aceptados.
Sería necedad negar a los analistas razón cuando expresan escepticismo sobre la capacidad de la Asamblea Legislativa para alcanzar acuerdos a un año de las elecciones, pero hay demasiado en juego y, esta vez, los resultados deben ser diferentes. Las consecuencias están predichas, nadie lo ignora y la marca de cada uno será indeleble en la historia.