Los resultados del examen de incorporación al Colegio de Abogados son alarmantes. O la prueba fue mal elaborada o la formación de profesionales en derecho es lamentable en nuestro país. La primera hipótesis no parece plausible. El fracaso del 90 % de los aspirantes solo podría ser atribuido a defectos del examen si las fallas fueran groseras y obvias, en cuyo caso los interesados ya las habrían señalado con precisión.
Por lo pronto, las quejas provenientes de los centros de enseñanza son de orden general y recurren a la crítica del aprendizaje basado en la memorización para sugerir que los resultados serían mejores si la prueba pusiera más énfasis en el razonamiento sobre el cual se basa el ejercicio profesional.
Esos argumentos no son convincentes. Para comenzar, un profesional sin memoria difícilmente logrará la excelencia, pero el planteamiento también exigiría concluir que las dos escuelas de Derecho con más prestigio y mayor éxito en el examen de incorporación ejercitan más la memoria de sus alumnos o atraen estudiantes con mejor retentiva.
Hay un abismo entre el porcentaje de aprobación de los graduados de la Escuela Libre de Derecho y la Universidad de Costa Rica y el de otras 20 escuelas de Derecho. Las dos competidoras más cercanas apenas rondan la mitad del porcentaje de éxito y, después de ellas, la brecha se ensancha de manera acelerada.
Es imposible atribuir la brecha a la enseñanza “memorística” en las dos universidades más reconocidas. Habría, en ese caso, dos escuelas de inmerecido prestigio, con altos porcentajes de éxito en el examen de incorporación, y otras 20 dedicadas a la enseñanza del razonamiento, injustamente castigadas por exámenes diseñados para premiar, con creces, la “mediocridad” de la enseñanza basada en la memoria.
El Colegio de Abogados haría bien si acepta la sugerencia formulada por algunos centros de enseñanza de someter los exámenes a revisión independiente. Esa medida aumentaría la transparencia y alejaría sospechas de defensa del interés gremial mediante indebidas restricciones de acceso al ejercicio profesional, pero el problema no parece estar en los exámenes. Tampoco es exclusivo de la enseñanza del derecho.
Tan alarmante como la abundancia de abogados con mala formación, o quizá más, es la proliferación de educadores deficientes. Las propias organizaciones gremiales denuncian la operación de “universidades de garaje” de donde se gradúan legiones de maestros sin los conocimientos mínimos para formar a niños y adolescentes. Sin embargo, en este caso no hay exámenes de incorporación ni de contratación. Tampoco hay evaluaciones periódicas del desempeño. Cuando el Ministerio de Educación ha intentado aquilatar conocimientos específicos de su cuerpo de educadores, los resultados han sido preocupantes.
En medicina, los exámenes para competir por las plazas de internos en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social también delatan deficiencias en la formación de muchos aspirantes. Las dos universidades con mayor número de postulantes, una pública y otra privada, tuvieron altos porcentajes de éxito, pero la diferencia con el resto es notable.
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Bien aplicadas, sin prejuicios ni sesgos, las pruebas de incorporación y otros exámenes son mecanismos útiles para complementar los sistemas de acreditación de las universidades, todavía necesitados de perfeccionamiento. Los profesionales mal formados son un riesgo inaceptable para la sociedad y un peligro de profunda frustración para sí mismos. Ninguna de las dos cosas debe ser tolerada.