Las desconcentraciones y autonomías, entendidas como mejor conviene a los interesados, fragmentan al Estado en un incontrolable sistema de feudos. La Contraloría General de la República (CGR) advierte acerca del fenómeno y sus consecuencias para las finanzas públicas en un reciente informe sobre las dificultades para elaborar presupuestos que garanticen una gestión eficiente de los fondos.
Los feudos siguen sus propias reglas presupuestarias, salariales, de proveeduría y gestión, y la unidad del Estado apenas se manifiesta en el financiamiento de los gastos por cuenta del contribuyente. Hay unas 320 instituciones estatales, aunque desde hace años existe consenso sobre la inutilidad de muchas de ellas, y las remuneraciones del Estado incluyen 260 pluses posibles.
La desintegración se manifiesta en prácticamente todos los aspectos de la gestión pública, desde los sistemas de cómputo incompatibles con los de otras instituciones hasta la naturaleza de trámites y requisitos, pasando por las políticas de proveeduría, tan resistentes a la unificación bajo un solo sistema de compras públicas.
El informe de la Contraloría se centra en la materia presupuestaria, pero señala la necesidad de evolucionar hacia la recuperación del Estado unitario, partiendo del principio de la unidad de mando o dirección política, con un Poder Ejecutivo encargado de «organizar, dirigir y encauzar a la sociedad en todos sus aspectos por medio de la implementación de la política pública», según la Sala Constitucional.
Por eso, la Contraloría aplaude la incorporación de los órganos desconcentrados al presupuesto nacional para evitar la dispersión de recursos, la todavía incompleta adopción del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el plan de cuenta única del Tesoro, sobre el cual ha venido insistiendo, y la ley de empleo público, destinada a equiparar las condiciones salariales en todo el Estado.
En ningún ámbito como en los dos últimos —empleo público y falta de una cuenta única del Tesoro—, se hace más evidente la fragmentación del Estado en feudos y sus consecuencias para las finanzas del país. La cuenta única, con sede en el Ministerio de Hacienda, recibiría los recursos de todas las instituciones para desembolsarlos según las necesidades. Así, se evitaría la dispersión del dinero en diversas cuentas bancarias e inversiones, generalmente en bonos de deuda pública.
Con la colocación de bonos, el Estado, fuente original del dinero, recibe en préstamo las sumas no ejecutadas por los feudos. El contribuyente paga impuestos para posibilitar las transferencias originales y, luego, para cancelar los intereses generados por la inversión del mismo dinero en bonos del Estado. Estos últimos son emitidos para financiar las transferencias, porque la recaudación no alcanza por sí sola, y así crece la deuda.
Con la cuenta única, los fondos ociosos estarían a disposición de las instituciones, pero Hacienda podría emplearlos para satisfacer necesidades inmediatas. El buen manejo de la liquidez mejoraría las decisiones de endeudamiento, la gestión de reservas líquidas y reduciría el pago de intereses. El ahorro sería de miles de millones o, visto de otra forma, ese es el costo de la dispersión actual. La adopción del sistema propuesto por la Contraloría parece obvia, pero la resistencia de los feudos es feroz.
Las razones para unificar el empleo público son igualmente evidentes y han sido mucho más discutidas, pero también en ese campo el rechazo del archipiélago de instituciones se manifiesta con fuerza. El orden beneficia al país, pero no a cada feudo, y el sistema se defiende a sí mismo con tenacidad. Llegó la hora de vencer la resistencia en favor de la racionalidad.