Los logros del gobierno digital son modestos en comparación con las posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías. Hay avances de importancia, pero podrían ser muchos más si la política y los intereses creados no se interpusieran a cada paso para preservar la situación imperante.
La plataforma única de compras del Estado no termina de completarse. Había avanzado en un 95 % cuando el ministro de Hacienda y vicepresidente Helio Fallas anunció, al comienzo de la administración Solís, la decisión de hacer cambios drásticos, incluido el desplazamiento del programa a Radiográfica Costarricense. A la fecha, el sistema no opera a plenitud y las compras públicas siguen necesitadas de transparencia, competencia entre proveedores y mejoras en calidad y precio.
El ahorro posible es monumental. Por eso, la plataforma única de compras es un ejemplo inmejorable cuando se habla del gobierno digital, sus beneficios y las oportunidades perdidas. Otro caso es el expediente digital único en salud (EDUS). La Caja Costarricense de Seguro Social lleva dos décadas desarrollándolo y, aunque dice haberlo logrado, faltan muchas piezas fundamentales. La idea es tener una fuente de consulta, accesible desde cualquier punto del país, en la cual aparezca el historial médico, incluidos pruebas clínicas y exámenes de radiología, de todos los pacientes. La unificación de la información supone ahorro por diversos motivos, pero uno de los más indispensables es el control sobre los recursos de la institución.
Pasadas un par de décadas, podemos hablar de avances en los dos casos citados, sin dejar de lamentar los elementos faltantes y el tiempo perdido, pero hay otro proyecto de gran magnitud que apenas pasa del esbozo. El país demuestra comprensión de la importancia de invertir en educación. Ese entendimiento no solo se manifiesta en el discurso, sino también en la cuantiosa inversión pública dirigida al sector. No obstante, estamos lejos de contar con un expediente digital estudiantil.
Isabel Román, investigadora del Estado de la Educación, cuenta la anécdota de un colega europeo totalmente incrédulo de la falta de un instrumento tan relevante para orientar políticas, tomar decisiones y asistir a los estudiantes. El asombro está más que justificado cuando se considera la relativa sencillez del proyecto y los monumentales beneficios.
En Costa Rica, todo niño recibe un número de cédula al nacer. Ese es su primer encuentro con el gobierno digital y podría fácilmente extenderse, con el mismo número, a la documentación de su paso y progreso por el sistema educativo. El primer requisito, la individualización e identificación digital del alumno, ya está cumplido. Existen experiencias exitosas en países cuya colaboración y asesoría no sería difícil de obtener. También hay en Costa Rica el conocimiento técnico para desarrollar un sistema relativamente simple, sobre todo, en un país tan pequeño.
El expediente no es solo útil para evaluar el progreso académico o validar métodos y programas. También sirve para identificar fortalezas y debilidades del sistema y, a partir del diagnóstico, diseñar políticas generales. El expediente digital de los docentes es un complemento indispensable.
El Ministerio de Educación intentó impulsar el Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD) con el fin de recolectar y almacenar datos del sector, pero no tuvo éxito. También promueve el Sistema de Información para la Gestión del Centro Educativo (Sigce), cuyo objetivo es ayudar en el control de la seguridad, la matrícula, los horarios, las notas, las ausencias, los inventarios y los limitados expedientes de estudiantes y funcionarios. No todos los centros de estudio emplean esas herramientas, ni su uso genera toda la información deseable. Tampoco existe la uniformidad e integración necesarias. El Ministerio debe tener solventadas esas deficiencias entre sus prioridades.