Mientras la delincuencia cobra víctimas desde las cárceles con recursos cada vez más sofisticados, la Policía Penitenciaria sufre mengua en los necesarios para limitar el daño. Según las autoridades, hasta el 80% de las llamadas de estafadores provienen de los centros penitenciarios y el éxito de las soluciones tecnológicas es limitado.
El bloqueo de llamadas y datos móviles impulsó a los delincuentes a adquirir teléfonos satelitales, redes de internet inalámbricas y chips de telefonía celular. El sistema, burlado por los estafadores, causa molestias a vecinos de los centros penitenciarios y personal que los atiende.
Ahora, el Ministerio de Justicia y Paz promueve una reforma legal para exigir el bloqueo de señal celular en las cárceles con el objeto de incluir las conexiones inalámbricas de internet. Los estafadores se manejan por ese medio con tanta facilidad como cuando disponían de comunicación telefónica celular.
Las autoridades tampoco tienen éxito en impedir el ingreso de teléfonos a las cárceles. Las revisiones en la entrada no lo consiguen y tampoco las requisas practicadas en las celdas. Las probabilidades de ejecutar decomisos con ese método disminuyeron a partir de un recurso de amparo planteado por un reo herido en un incidente con guardias de La Reforma. Los oficiales alegan haber reaccionado en defensa propia porque el hombre los agredió, pero no hay prueba fehaciente para descartar un abuso.
La Sala Constitucional exigió a las autoridades adquirir y emplear, en el plazo de tres meses, equipos para filmar, almacenar, registrar y documentar “todas las intervenciones, requisas y recuentos que se lleven a cabo”. La orden de los magistrados procura asegurar el respeto a los derechos de los reos en un ambiente propicio para los excesos, pero el Ministerio de Justicia dice estar desprovisto de fondos para comprar los equipos.
Según el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, la consecuencia práctica de la sentencia es la suspensión de los operativos ejecutados para decomisar celulares, armas y drogas. Esa, desde luego, no es la solución necesaria. Las requisas son indispensables para proteger a la ciudadanía y a los propios detenidos. Impedir la posesión de teléfonos y armas por los reos es una función básica de la Policía Penitenciaria y la orden de los magistrados es inequívoca.
Las autoridades más bien han tardado en adoptar la tecnología requerida para garantizar el correcto desempeño de sus funciones y si bien, una vez más, no hay previsiones presupuestarias para adquirir el equipo, no es imposible emprender gestiones para enmendar la omisión con la sentencia en la mano. Hay sectores, como la banca, interesados en poner fin a las estafas.
En la cárcel, los teléfonos suelen valer más de un millón de colones. Así se explica el ingenio aplicado a proveerlos. Hace poco, un dron dejó caer un paquete con once teléfonos, un cargador y un cable USB sobre el Centro de Atención Integral (CAI) Luis Paulino Mora, ubicado en el Complejo Penitenciario La Reforma. Las autoridades lograron impedir la entrega, requisaron a los reclusos y se incautaron de siete armas punzocortantes, 55 gramos de cocaína y 23 gramos de marihuana.
El ingreso de teléfonos a La Reforma es constante. Las autoridades han decomisado 970 aparatos en lo que va de la actual administración, pero la actividad delictiva relacionada con las comunicaciones persiste. También aumenta el ingenio aplicado al engaño. Los estafadores escriben guiones para imitar el vocabulario de funcionarios de la banca y entidades públicas, con todo e instrucciones sobre la mejor forma de reaccionar según lo haga la víctima. La respuesta de las autoridades debe ser, por lo menos, igual de sofisticada.