La emergencia mundial causada por la abrupta llegada de la covid-19 obligó al gobierno, a las empresas privadas y a las personas a adoptar medidas defensivas. Las autoridades del área de salud han hecho una labor encomiable; los diputados también han aportado su valiosa cuota de apoyo, abocándose, como un grupo sin irreconciliables diferencias partidarias, a estudiar y aprobar con celeridad proyectos de ley para hacer más soportable la situación. Sin embargo, las municipalidades, cuyas ventajas son la capacidad de organización, sus áreas de operación y situación financiera, no actúan y deben hacerlo cuanto antes.
Como gobiernos locales, están íntimamente vinculados con los habitantes de sus cantones, y eso les permite conocer las necesidades más urgentes debidas a la crisis. Además, muchos de ellos, como los de San José, Santa Ana, Escazú y Belén, para citar solo unos pocos, reciben elevados ingresos por patentes y servicios. También son cuantiosos sus presupuestos ordinarios y, en momentos como el actual, cuando numerosas empresas enfrentan problemas en razón de una demanda insuficiente y los trabajadores carecen de empleo, las municipalidades están llamadas a replantear, en línea con las prioridades nacionales y locales, su campo de acción y planes de gasto.
Una medida posible para ayudar a los ciudadanos a superar la crisis sería reducir impuestos y costos de patentes a las empresas y personas físicas para alivianar la carga y allegar más poder de compra a los habitantes del cantón. Eso sería mejor que posponer las obligaciones porque diferirlas y acumular los compromisos no ayuda a reactivar la demanda agregada.
Para afrontar la reducción de ingresos, sería necesario fijar prioridades y ajustar los gastos a las circunstancias. La construcción y el mantenimiento de obras físicas, como puentes y caminos vecinales, emplean a mucha gente y deben continuar, pero viajes, recepciones y hasta aumentos de sueldo admisibles en condiciones normales deben eliminarse en plena crisis. La idea no es necesariamente recortar gasto, sino gastar mejor.
Las circunstancias quizás conduzcan a las corporaciones municipalidades a dedicar más recursos al suministro de comida para las familias afectadas gravemente por los efectos económicos de la pandemia o a efectuar aportes de recursos justificados caso por caso, lo cual podría derivar en un aumento del gasto total. Pero ese gasto no debe producirse sin antes asegurar el control de las partidas presupuestarias no prioritarias. Los ayuntamientos deben informar, a los habitantes del cantón y a la Contraloría General de la República, con más detalle que nunca, sobre los nuevos productos y servicios ofrecidos, así como los costos asociados.
Las municipalidades no utilizan todos los recursos presupuestados y al final reportan un “superávit”. De acuerdo con el Sistema de Información Sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República, los ayuntamientos dejaron sin ejecutar en el 2018 poco más de ¢167.000 millones. Como informó La Nación en setiembre del año pasado, 71 de 81 gobiernos locales no gastaron ¢27 millones de cada ¢100 millones que tenían a disposición. A esos fondos podrían recurrir con buen juicio y prudencia, es decir, con la debida justificación para atender los problemas relacionados con la crisis en sus áreas de acción.
La iniciativa de la diputada liberacionista María José Corrales, coordinadora de la mesa de trabajo sobre asuntos municipales en la emergencia nacional, propone la aprobación de una rebaja especial de hasta un 50 % en los tributos y otras cargas municipales mientras dure la dificultad. Es necesario tomar el parecer de los concejos, pero, en una situación tan seria como la de este momento, las autoridades municipales deben mostrar liderazgo mediante el apoyo solidario y eficaz a los residentes en sus cantones.