La semana pasada, una serie de acontecimientos generaron expectativas sobre la posibilidad de avances democráticos en Venezuela; también, sobre una creciente normalización en sus relaciones con Estados Unidos. Por desgracia, y como no era difícil suponer, a estas alturas lo segundo es más tangible que lo primero. Sin embargo, aún existen esperanzas de que se consoliden algunos logros políticos e institucionales.
La mejor noticia es que, el domingo 22, las principales agrupaciones opositoras realizaron un exitoso proceso abierto para elegir a su candidato, que en este caso fue candidata: la enérgica María Corina Machado, de orientación liberal, quien obtuvo el 92 % de respaldo entre los 2,4 millones de personas que, según anunció la Comisión Nacional de Primarias (CNP), participaron en la actividad. El jueves, fue proclamada como candidata para competir, eventualmente, con Nicolás Maduro. Pero el proceso que sigue será sumamente complejo.
La secuencia de hechos recientes comenzó el martes 17 de este mes, cuando representantes del gobierno y la opositora Plataforma Unitaria acordaron en Barbados una serie de medidas sobre derechos políticos y garantías electorales. El compromiso incluyó la realización de elecciones presidenciales en el segundo semestre del próximo año, la invitación a que estas sean observadas por misiones independientes — entre ellas, de la Unión Europea y el Centro Carter—, la actualización del registro electoral, la promoción del equilibrio en el uso de los medios de comunicación, garantías de libertad de movimiento a los activistas políticos y la autorización para que participen todos los candidatos presidenciales y partidos políticos.
A este último acuerdo, sin embargo, se añadió la peligrosa coletilla “siempre que cumplan con los requisitos para participar en la elección presidencial”. Con ella, el régimen mantiene en sus manos una poderosa herramienta para mediatizar cualquier proceso electoral, al decidir quiénes sí y quiénes no podrán participar en él.
Esa salvedad afecta de manera directa a Machado, quien desde el 2015 fue inhabilitada, mediante una decisión espuria de la Contraloría, para acceder a puestos de elección popular. La gran pregunta es qué seguirá ahora, tras su enorme apoyo popular, que le otorga indudable legitimidad. Por el momento, Maduro y sus secuaces han alegado “fraude” en el proceso, e incluso la Fiscalía, controlada por el régimen, anunció una investigación contra el presidente y otros miembros de la CNP.
De forma que consideramos en extremo apresurada, al día siguiente de concluir las negociaciones en Barbados, que Estados Unidos otorgara importantes concesiones al régimen venezolano. Emitió una licencia de seis meses para autorizar transacciones en gas y petróleo de ese país, y otra para la concertación de acuerdos con una empresa estatal extractora de oro. Además, eliminó prohibiciones para la negociación de ciertos bonos venezolanos en el mercado secundario, lo cual generó una fuerte apreciación en el mercado internacional. Maduro, por su parte, liberó cinco prisioneros políticos, incluido Roland Carreño, estrecho colaborador del líder opositor Juan Guaidó, y autorizó un primer vuelo de repatriación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos, quienes aterrizaron el miércoles 18.
Hasta aquí todo parecía prometedor, pero la reacción del régimen ante las primarias y la permanencia, hasta ahora, de la inhabilitación de Machado abre enormes interrogantes sobre el curso del proceso. Peor aún, su eventual exclusión puede sustentarse en la coletilla sobre los “requisitos” que deben cumplir los candidatos presidenciales.
Aunque el levantamiento de sanciones es solo por seis meses, y podría considerarse como una espada de Damocles sobre el régimen, la realidad es que será muy difícil reactivarlas una vez que empresas estadounidenses comiencen a realizar transacciones en petróleo, gas y oro.
Además, aunque sin duda al presidente Joe Biden le interesa la democracia en Venezuela, más le interesa su reelección en noviembre del próximo año. Y la posibilidad de reducir las oleadas migratorias venezolanas mediante una cierta reactivación de su economía y de deportar a los indocumentados resulta muy tentadora. A esto se añade la posible reincorporación de Venezuela, país con las mayores reservas mundiales de petróleo documentadas, a las cadenas de suplidores de Estados Unidos y Europa.
Estamos, así, ante un panorama lleno de complejos matices, que para nada garantiza la posibilidad de avanzar significativamente en el proceso democrático, que es lo más importante para los venezolanos. Si el ímpetu logrado el pasado domingo en las primarias se mantiene, si Estados Unidos juega con firmeza estratégica el levantamiento de sanciones, es posible que haya avances reales. Si no, todo podría quedar en un ejercicio de intereses geopolíticos al margen del pueblo y la democracia.