La insistencia del gobierno en digitalizar la mayoría de las obligaciones de los contribuyentes, como en el caso de la factura electrónica, cuyo uso mejorará la recaudación fiscal –y, agregamos, debería permitir un ahorro de personal operativo por reflejarse en los próximos presupuestos– no rima con la resistencia de muchas entidades públicas a adoptar medidas de eficiencia administrativa.
Recién informamos (“Más de 80 instituciones están fuera del Sicop”, La Nación, 6/11/ 2018) de que instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones y las universidades estatales no se han incorporado al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) no obstante la obligatoriedad de su uso según la Ley de Contratación Administrativa. Además, el plazo para incorporarse al sistema ya tiene dos años de vencido.
El Sicop agiliza la compra de bienes y servicios del sector público y aumenta la transparencia del manejo de miles de millones de colones anuales. Las compras electrónicas también estimulan la competencia y el Estado consigue millonarios ahorros mediante la reducción del precio y el aumento de la calidad. Además, un sistema de alcance general, como el Sicop, produce ahorros mediante la reducción de la corrupción y el favoritismo.
Lo dicho no es una consideración teórica. El Instituto Costarricense de Electricidad, por ejemplo, hizo compras por ¢6.000 millones a padres, hijos y cónyuges de sus funcionarios entre el 2012 y el 2015, según un reciente informe de la Contraloría General de la República, sin que haya certeza de la aplicación de los filtros de competencia y valoración de la calidad de los bienes y servicios comprados. Esos hechos, inadmisibles en empresas privadas, son todavía más improcedentes cuando se trata de entidades financiadas con recursos públicos (“ICE hace las paces y retira demanda a CGR”, La Nación, 9/11/2018).
La buena gestión de las compras públicas debe ser parte integral de toda reforma fiscal. El gobierno parece haberlo entendido. El pasado 25 de octubre el Ministerio de Hacienda publicó en el diario oficial La Gaceta una directriz para obligar a todas las entidades públicas a utilizar el Sicop. Entre las 80 instituciones que todavía no lo hacen hay grandes compradoras, cuyos presupuestos tienen un peso significativo sobre las finanzas públicas.
La directriz habría sido innecesaria si los jerarcas de las instituciones estatales tuvieran mayor conciencia de sus obligaciones con los administrados y con las entidades a su cargo. Aparentemente, pueden hacer caso omiso a esas obligaciones y a directrices oficiales, y nada pasa. Es una situación inadmisible.
Las instituciones públicas deben ser administradas con eficacia y responsabilidad, pues son agentes de los ciudadanos y consumen recursos presupuestarios provenientes de impuestos pagados por ellos. Las partidas de gasto deben manejarse con el mismo celo, o quizá más, que el Ministerio de Hacienda demuestra al obligar a los contribuyentes a poner en práctica tecnologías modernas de información y comunicaciones para efectos tributarios.
En este caso, lo que es bueno para el ganso es, con más razón, bueno para la gansa. ¿Qué tal si el incumplimiento de la exigencia de utilizar Sicop se sancionara con el despido de los jerarcas y una retención de las transferencias de fondos del Ministerio de Hacienda? Así como se actúa por el lado de los ingresos fiscales debe actuarse sobre el control y eficiencia del gasto público. En esta materia, el Estado está en deuda con la ciudadanía y debe saldarla ahora que el plan fiscal exige nuevos sacrificios a todos.