La administración Solís Rivera deja una enorme deuda en materia de infraestructura vial. Se limitó a terminar proyectos iniciados hacía cuatro años y no dio pie con bola en obras nuevas. Su inercia se refleja en que proyectos como la ampliación de la ruta 27 están detenidos sin razón alguna. Tampoco se ve movimiento en lo relativo a la ampliación y mejora de la autopista San José-San Ramón y radiales ni la ruta a San Carlos, para citar unos pocos.
Como el parque vehicular del país crece a su velocidad normal, lo resultante es que cada día son mayores las presas en la Gran Área Metropolitana (GAM). Cruzar en cualquier sentido, norte-sur, este-oeste, alguna de las cabeceras de provincia de la GAM, es un suplicio que la gente evita cada vez que puede hacerlo, pero deben soportarlo a diario los muchos que no tienen otra opción.
En esta materia, median muchas circunstancias. Una primera tiene que ver con la satanización de la figura de la concesión de obra pública a la iniciativa privada, que tan buenos frutos da en países donde se sabe aplicar y donde la contrapartida pública (en nuestro caso, el Consejo Nacional de Concesiones) está bien constituida. Aquí no hemos logrado sacar provecho a esa figura, entre cuyas ventajas está el que el Estado no debe hacer aportes financieros, que atizarían el déficit, sino que son financiadas en primera instancia por los concesionarios y, al fin de cuentas, por los usuarios. Por dicha que ahora los principales líderes políticos reconocen la importancia de la figura y parecieran estar dispuestos a acogerla plenamente.
La otra tiene que ver con una pobre definición del interés común, por el que domina el interés de unos pocos, aunque sean precaristas, sobre el interés de la ciudadanía en general. Un ejemplo de esto son las expropiaciones necesarias en el llamado Triángulo de la Solidaridad, que se han demorado como las que más, y de 100 necesarias quedan aún 12 pendientes, lo cual atrasa la finalización de la Circunvalación norte, una ruta cortísima (“Circunvalación norte presenta 46 % de avance en su fase dos”, La Nación, 17/4/2018).
Y lo peor es que cuando se conoce de un nuevo proyecto vial, nuevos grupos precaristas corren a “tomar posesión” de tierras solo con el ánimo de que después, aunque sea dentro de cinco o más años, se les reubique en zonas residenciales. Opera en esto un enorme riesgo moral, que solo con mano firme y responsable con la ciudadanía representada se puede paliar.
La tercera circunstancia es el grado de compromiso que los cuerpos técnicos y políticos del país (el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y la propia Presidencia de la República, entre otros) tienen con las necesidades sociales que se satisfacen con infraestructura vial de calidad. Aparentemente, es muy poco, por lo que esos cuerpos no tienen objeción en dejar a las administraciones siguientes el acabar con obras que ellos debieron haber concluido. “El que venga atrás que arree”, dice el refrán.
La cuarta es que en todo esto es preciso contar con equipos de alto nivel técnico, que sepan planificar, ejecutar y dar seguimiento profesional a las obras y a los compromisos que se adquieran con el país. En nuestro medio, existe la sensación de que en los discursos políticos se prometen acciones a sabiendas de que no se les va a dar seguimiento del todo. Esto es deleznable y, en parte, explica la pérdida de confianza del ciudadano promedio en los políticos y empleados públicos. Esto atenta contra la propia democracia representativa, “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, en la clásica definición de Abraham Lincoln.
Un nuevo gobierno se apresta a tomar las riendas del país, un gobierno que promete ser de unidad nacional, y en el cual muchos han puesto sus esperanzas. A él tenemos derecho a pedirle que “si es tan amable, no nos falle”, pues es grande la cantera de donde puede escoger a los ocupantes de los principales cargos públicos.