El gobierno pospuso, una vez más, el anuncio de los ajustes estructurales requeridos, no ya para superar la pandemia, sino el estancamiento económico consecuencia de la crisis fiscal, aminorada con las medidas iniciales de la administración y la Asamblea Legislativa, pero todavía presente y agravada por el coronavirus.
El tema fue enunciado por el presidente, Carlos Alvarado, al finalizar la conferencia de prensa celebrada para dar a conocer la estrategia de recuperación económica después de la pandemia. Igual trato somero recibió la contención del gasto. El mandatario sí anunció el inicio de la discusión sobre empleo público este mismo mes y prometió la pronta presentación de reformas de fondo requeridas por el Estado.
Señaladas las dos omisiones y la promesa de remediarlas a corto plazo, las medidas anunciadas ayer apuntan en la dirección correcta. Algunas son necesidades sentidas desde hace años. El exceso de trámites y su efecto sobre el desarrollo económico ha sido asunto de todos los gobiernos desde hace tiempo, cada cual con un programa específico para remediarlo y todos con avances insuficientes.
No obstante, si la administración consigue reemplazar 104 trámites por declaraciones juradas y produce una mejora significativa para los emprendedores y para los ciudadanos en general, la originalidad ausente en la escogencia del tema se verá sustituida, con creces, por la eficacia, en este caso, una indiscutible originalidad.
Otras iniciativas salen del manual de respuesta a las crisis aplicado en todo el orbe, como la inversión en grandes proyectos de infraestructura. El gobierno ya lo había anunciado, pero reconforta la insistencia en desarrollar la construcción mediante alianzas público-privadas y la incorporación de proyectos de vivienda e infraestructura educativa, mucho más intensivos en mano de obra.
Otros planteamientos formulados ayer son más novedosos y exigen examen detallado. El ecosistema digital para pequeñas y medianas empresas es un significativo esfuerzo para aprovechar la tecnología digital en beneficio del desarrollo económico, pero el componente bancario (Neobanco) exige una implementación cuidadosa para no malograrlo con una sucesión de créditos fallidos, como ha sucedido con otras iniciativas de apoyo a la producción.
Los planteamientos más llamativos, por razones obvias, son los ¢900.000 millones en capital de trabajo e inversión para generar empleo y los ¢3,1 billones de inversión en infraestructura pública. La primera suma son recursos disponibles en los bancos del Estado, a los cuales se les girará una directriz para cumplir el objetivo. La disponibilidad de capital de trabajo es de primordial importancia para gran cantidad de empresas sanas con problemas de liquidez a consecuencia de la pandemia.
Hay propósitos de apoyar a 200 pequeñas y medianas empresas exportadoras o con potencial exportador, y mejorar la atracción de inversiones y nuevos negocios. La propuesta apunta a nuevos productos, en particular el cáñamo, pero también pone énfasis en los relacionados con las ciencias de la vida, cuya manufactura ya está bien establecida en nuestro país, lo cual hace suponer la existencia de espacio para el crecimiento.
En agricultura, los planes ponen el acento en la productividad y tecnificación. Para lograrlos, el norte será la agricultura de precisión. Los planes para el sector turístico ya habían sido anunciados y fueron objeto de reiteración.
Vistas en conjunto, las propuestas reafirman la vocación exportadora de Costa Rica y la acertada convicción de que el desarrollo solo es posible con la mirada puesta allende nuestras fronteras. En línea con esa orientación, la competitividad es una preocupación central y varias de las medidas anunciadas tienen el propósito de incrementarla. Para completar la visión falta el componente fiscal y de reforma del Estado. Esperamos atentos.