En noviembre próximo, todos los pacientes incorporados a las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre el 2017 y el 2021 habrán recibido atención si se cumplen las metas anunciadas por la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, en un acto solemne, celebrado el 7 de noviembre en el Estadio Nacional. A finales del 2025, nadie esperará atención médica más de un año, dijo la funcionaria en presencia del presidente, Rodrigo Chaves.
El tiempo vuela y faltan poco más de ocho meses al plazo de cumplimiento de la primera promesa, es decir, la primera oportunidad para evaluar resultados del plan difundido después de una larga serie de traspiés y plazos incumplidos. El plan integral de reducción de las listas de espera fue prometido en la campaña electoral y, nuevamente, al cumplirse los cien días de gobierno.
En ese momento, el presidente Chaves exclamó: “¡Por fin!, ya la Caja tiene una estrategia para reducir las listas de espera a través de la sistematización de las referencias a especialistas, los procedimientos para las cirugías, sanciones por ausentismo y la compra de servicios a terceros, entre otras medidas. Anunciaremos esta estrategia en detalle en los próximos días”. Pero el anuncio no se produjo.
En julio del 2023, se fijó un nuevo plazo de tres meses para anunciar el plan, y en noviembre se celebró el acto en el Estadio. Pasados cuatro meses y medio, hay razones para temer que las metas no sean alcanzadas. No había terminado el mes de noviembre cuando este diario informó de que la propuesta titulada “Ruta de la Salud. Menos espera, mejor servicio” no tenía el respaldo de acuerdos específicos de la Junta Directiva de la CCSS.
Los directivos conocían la propuesta, pero no habían tomado acuerdos sobre los elementos del plan, como compra de servicios a terceros, copago de atención médica en hospitales y clínicas privadas, y la provisión de ¢200.000 millones para combatir el gravísimo problema.
Ahora, la Auditoría Interna de la CCSS dio un mes de plazo a la administración para informar sobre las disposiciones establecidas en relación con los ¢200.000 millones, porque la institución carece de estudios técnicos, financieros, legales, médicos y actuariales para fundamentar la provisión y uso del dinero. Según el oficio fechado el 7 de marzo, no hay un cronograma de ejecución del dinero. La auditoría exige cumplir todos los requisitos para “resguardar el uso de los fondos institucionales”.
Sin ese dinero, la suerte de otros elementos del proyecto no está clara. Poco después de anunciado el plan, se supo que la Dirección de Presupuesto y la Gerencia Financiera advirtieron de la falta de presupuesto para contratar servicios médicos privados con el propósito de reducir la espera por intervenciones quirúrgicas. La contratación de una decena de procedimientos para 39.000 pacientes costaría ¢122.000 millones, añadieron.
Las estimaciones del copago, por otra parte, se hicieron con base en el costo de las operaciones para la CCSS, según cálculos de la propia institución. El copago del 50 o 60 % de ese costo apenas alcanza para cancelar entre el 9 y el 23 % de la atención en clínicas y hospitales privados de 10 operaciones seleccionadas para estudio. En consecuencia, la mayoría de los asegurados quedarían excluidos del sistema por razones económicas.
Hay muchos cabos sueltos para pensar en la oportuna aplicación del plan y algunas de las iniciativas anunciadas exigen reconsideración, como sucede con el copago, cuya eficacia dependería de una estimación realista de los costos y de las posibilidades de personas cuya permanencia en las listas de espera indica, por sí misma, limitaciones económicas para conseguir el tratamiento. Quienes padecen dolores o incomodidades, o tienen razones para preocuparse por la gravedad de su enfermedad, sacrifican cuanto sea necesario para acudir a la medicina privada. Los demás se resignan a seguir esperando la solución a las lista de espera.