El 26 de febrero, uno de los ocho asientos permaneció vacío durante el primer debate presidencial celebrado por el Tribunal Electoral de Panamá, con vistas a las elecciones del 5 de mayo. En el siguiente, el miércoles pasado, ocurrió lo mismo.
En la primera ocasión, el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), candidato del Partido Realizando Metas, permanecía asilado en la Embajada de Nicaragua. Se había refugiado en ella el 7 de febrero, después de que, cinco días antes, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso contra su condena de 128 meses de prisión y $19,2 millones de multa por el delito de blanqueo de capitales. Además, pesaba sobre él una orden de prisión preventiva por incumplir la medida cautelar que lo obligaba a presentarse ante las autoridades judiciales el 15 de cada mes.
Para el segundo debate, el miércoles anterior, ya ni siquiera era candidato. Tras haber quedado en firme su condena, la autoridad electoral inhabilitó el 4 de este mes su doble candidatura presidencial y legislativa. Seis días después, rechazó una apelación de Martinelli y ratificó la decisión. El fallo estuvo plenamente fundado: la Constitución panameña prohíbe que una persona condenada a cinco años de prisión o más sea elegida a tales cargos. La misma resolución indicó que su compañero de fórmula como vicepresidente, José Raúl Mulino, lo sustituiría, algo que, en efecto, ocurrió. Sin embargo, declinó debatir por supuestos “compromisos previos”.
El proceso democrático continuará con toda normalidad, como ha sido usual desde el restablecimiento de la democracia en el vecino país. De hecho, ni siquiera los cientos de miles de personas que lo colocaban en el primer lugar de las preferencias, a pesar de los graves delitos cometidos por Martinelli, han protestado por su inhabilitación.
La única pregunta que queda abierta en materia electoral es cómo se distribuirán sus preferencias y cómo incidirán en el resultado final, no si lo considerarán legítimo o no.
La saga del caso Martinelli ha sido en extremo larga y compleja, pero concluyó con apego al Estado de derecho. Sus triquiñuelas para descarrilar otras acusaciones —como por ejemplo espionaje telefónico y otro caso de corrupción— tuvieron éxito. En algún momento, incluso, parecía posible que pudiera eludir del todo la acción de la justicia.
El llamado caso New Business, sin embargo, sí pudo llegar hasta sus últimas consecuencias, y fue sancionado por una operación de blanqueo de fondos públicos para adquirir el grupo mediático Panamá América en el 2010 y utilizarlo como vehículo propagandístico. Se convirtió así en el primer presidente de su país en ser condenado a la cárcel por corrupción.
La salida que escogió entonces, en la que ha tenido una vergonzosa complicidad de la dictadura de Daniel Ortega, fue buscar refugio en la embajada nicaragüense. Que se le concediera a un prófugo de la justicia distorsiona por completo el derecho de asilo reconocido internacionalmente, y con particular importancia en América Latina. Sin embargo, no sorprende.
Otros dos expresidentes prófugos, los salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, sí consiguieron atrincherarse en Nicaragua para evadir la justicia antes de ser capturados. Martinelli tiene perspectivas mucho más oscuras. El gobierno panameño se niega a otorgarle salvoconducto para que salga del país. Tiene toda la razón, y la crisis diplomática que se ha abierto con Nicaragua no terminará hasta que el expresidente prófugo sea entregado a la justicia panameña.
Tanto su condena como la inhabilitación, y el rechazo al salvoconducto que lo conduciría a la impunidad, son decisiones ejemplares. Aparte de su importancia intrínseca, establecen precedentes de gran importancia no solo para Panamá, sino también para el resto del hemisferio.