Estados Unidos y China se han enfrascado en una nueva y persistente intensificación de recriminaciones, que trasciende la dimensión bilateral y amenaza tanto la economía internacional como las posibilidades de una colaboración realmente global en el combate de la pandemia generada por el coronavirus. Por desgracia, las posibilidades de que se atempere son limitadas.
Esta vez, el origen de la disputa no se relaciona con desequilibrios en su intercambio comercial, el respeto de la propiedad intelectual, los subsidios, la competencia tecnológica o el proteccionismo, sino con el origen y diseminación de la covid-19; también, con el manejo de la subsecuente pandemia.
Curiosamente, aunque las posiciones oficiales de chinos y estadounidenses son radicalmente distintas al respecto, en el fondo tienen una base común: el reparto de culpas por la extensión de los contagios y la manipulación de la información y los mensajes como forma de impulsar objetivos políticos.
En el primer caso, el empeño se dirige a apuntalar la imagen del Partido Comunista Chino y a desestimar lo que cada vez resulta más evidente: el ocultamiento inicial —por razones estrictamente políticas— de la aparición del virus en la metrópolis de Wuhan y el tiempo perdido para articular una respuesta rápida, que evitara tempranamente la extensión de los contagios.
En el otro polo, el presidente Donald Trump pretende eludir su clara responsabilidad por el retraso y pésimo manejo inicial de la emergencia sanitaria en Estados Unidos y convertir a China en un chivo expiatorio que lo impulse en la campaña hacia las elecciones del próximo noviembre.
El problema con el secretismo chino es estructural, un rasgo clave de la naturaleza totalitaria de su régimen, que rechaza la transparencia y trata de imponer una “lógica” de poder centralizado en todos los ámbitos de la vida; en este caso, el científico. Tal rasgo ha alimentado, con razón, dudas sobre la veracidad de las versiones ofrecidas alrededor de la pandemia: desde su origen y fecha, hasta los casos reportados y la pertinencia de las medidas adoptadas para contenerla.
Dadas esas características, y el rechazo oficial chino a una investigación independiente sobre esos y otros aspectos, como propuso el gobierno de Australia, es comprensible que surgieran todo tipo de teorías conspirativas al respecto. De esto se han aprovechado Trump y, particularmente, su secretario de Estado, Mike Pompeo, para dar casi como un hecho, a pesar de las dudas de los servicios de inteligencia estadounidenses y de gran cantidad de científicos dentro y fuera de su país, que el virus se originó en un laboratorio de Wuhan.
Estas afirmaciones han sido acompañadas por una retórica crecientemente crispada y beligerante que, lejos de propiciar la búsqueda de la verdad, está orientada a que Trump se escude tras el fantasma chino para contrarrestar las críticas a su gestión y, así, mejorar sus aspiraciones a un segundo período presidencial.
Todo lo anterior es en extremo preocupante, pero lo es todavía más que, como parte del posible repertorio de medidas para penalizar a China, se hable de sanciones comerciales; incluso, algunos funcionarios de la Casa Blanca y congresistas republicanos hasta han sugerido que Estados Unidos deje de honrar sus obligaciones financieras con Pekín, principal tenedor de sus bonos del Tesoro.
Esto ha alimentado el clima de incertidumbre económica ya de por sí extremo por el efecto de la pandemia y que, además de afectar los mercados bursátiles, podría amenazar severamente el mermado intercambio comercial internacional.
También, la crispación ha deteriorado las comunicaciones y proyectos conjuntos entre científicos de ambos países y entre estos y sus pares internacionales, algo particularmente necesario en los momentos actuales.
Si además de la inestabilidad ya creada por el conflicto se llegaran a sumar medidas punitivas reales, las consecuencias serán desastrosas, y harán aún más difícil superar la profunda crisis sanitaria, económica y social que nos afecta a todos.