Con pocos recursos materiales y humanos, los policías enfrentan a los delincuentes, y en su labor corren el riesgo de perder la vida. El país siempre les ha reconocido su trabajo y, en varias ocasiones, este medio ha señalado el injusto salario en comparación con el peligroso oficio, así como los clamores por las paupérrimas pensiones a los familiares cuando muere algún agente en el cumplimiento del deber.
Por eso, ningún favor les hace el ministro Mario Zamora al tratar de minimizar la magnitud del enemigo enfrentado por sus oficiales, como lo hizo recientemente en una entrevista realizada por una funcionaria de la Casa Presidencial y difundida mediante un pódcast.
Calificar de “percepción” la ola de criminalidad a cambio de unos cuantos seguidores en las redes sociales no solo pone en riesgo a los costarricenses y extranjeros residentes en el país, sino también a sus propios agentes. Zamora —se infiere de sus declaraciones— está disconforme con los titulares noticiosos sobre tiroteos frente a escuelas, como los recientemente ocurridos en El Cairo de Siquirres y Guachipelín de Escazú, o en aceras de apartamentos en Nunciatura, o en Pavas en la madrugada, o por balas perdidas capaces de matar a un niño como Samuel, en Zapote, hace exactamente un año.
Para Zamora, los medios deberían hacer énfasis en que los delitos contra la propiedad vienen en disminución, y eso bastaría para demostrar los resultados de su trabajo; sin embargo, existe la posibilidad de que los delitos contra la propiedad disminuyan porque los delincuentes encontraron una forma de obtener ganancias más cuantiosas. Quizás una parte de quienes dejaron de arrebatar carteras o cadenas, la tacha de vehículos, el robo de celulares y cajeros automáticos sean los que en este momento engrosan las planillas de los narcotraficantes. Sería cuestión de aplicar la matemática y analizar los hechos, entre estos, los 900 homicidios en el 2023 y un cálculo temprano del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de sobrepasar la cifra en el 2024.
Zamora se refirió, también en la entrevista, a una verdad, pero a medias. Si bien mencionó los homicidios como circunstancia alarmante y dio razones de peso, como por ejemplo una mayor producción de cocaína y la operación de carteles extranjeros en Costa Rica, y clamó por cambios en la ley, no explicó la ineficiencia del Poder Ejecutivo en la redacción de nueva legislación para adaptarla a los problemas modernos.
Omitió, por ejemplo, el desconocimiento del presidente, Rodrigo Chaves, sobre el trámite de los proyectos en la Asamblea Legislativa, incluso la existencia de un texto de consenso, y fue su ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, quien le aclaró en una conferencia de prensa el acuerdo alcanzado con los diputados. Sobre el texto consensuado, la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, señaló que reforzaría los artículos 239 y 239 bis del Código Procesal Penal para que se tomen en cuenta, entre otros aspectos, el peligro para la víctima, el crimen organizado y el terrorismo en la definición de la prisión preventiva. “Para que el juez tenga un campo suficientemente amplio para resolver y acoger esas prisiones preventivas que se necesitan”, afirmó Navas.
El ministro de Seguridad comete el error de rebajar a “percepción” un problema monumental, porque bajar la guardia será siempre la salida acomodadiza. Igualmente, cabría reflexionar que el resultado negativo del recorte a la inversión social y el debilitamiento del sistema educativo se convierte en una mayor carga de trabajo para los cuerpos policiales, y, por ende, se constituye en un riesgo para los oficiales, quienes, con toda seguridad, no perciben las balas con los mismos ojos del jerarca. Las ven diariamente pasar frente a ellos o de sus compañeros cuando tratan de salvar las vidas de los ciudadanos agradecidos. Estos “me gusta” deberían ser el propósito de su cartera, y no los ficticios halagos en las redes sociales.