En la designación de Macho Coca como uno de los principales y más violentos narcotraficantes costarricenses, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le atribuyó un papel destacado en la transformación del país en un centro de almacenamiento y transbordo de la droga destinada a los mercados de Norteamérica y Europa. Antes, dice la comunicación de los estadounidenses, el territorio nacional era un mero lugar de tránsito para los embarques provenientes del Sur.
El cambio ocurrió en la última década, asegura el documento difundido durante una conferencia de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El otro aspecto sobresaliente es el énfasis en la participación de organizaciones nacionales reconocidas por su violencia.
Ya no somos un sitio de tránsito para carteles extranjeros ni los costarricenses incorporados a la actividad cumplen funciones de apoyo. El país y sus delincuentes desempeñan un papel protagónico en el tráfico de drogas internacional. La afirmación no es noticia. La policía local ha enfatizado, una y otra vez, su preocupación por el surgimiento de “minicarteles” costarricenses con participación en todos los aspectos del tráfico ilícito.
Las autoridades también han destacado los métodos cada vez más violentos de esas organizaciones criminales, cuya existencia ya no puede ser puesta en duda. Cuando mucho, cabe dudar de su designación como “minicarteles”, porque algunos parecen haber dejado atrás las características que justifican el diminutivo.
El grado de organización, la profunda participación en el negocio y, sobre todo, la violencia, se hacen obvias en todo el territorio nacional. Los homicidios están a punto de transformar al país en uno de los más violentos del continente y, en su mayoría, están ligados al narcotráfico. Este vínculo explica, también, que la crueldad empleada consterne a veteranos agentes del OIJ, como el director Randall Zúñiga.
Sin embargo, para Zúñiga, el rápido desarrollo del narcotráfico no es un fenómeno inesperado. “Los decíamos en el reporte de situación del 2019. Habíamos pasado de estructuras pequeñas territoriales a microcarteles criollos. Los grupos criminales ya se estaban conformando como una empresa. Tenían sus divisiones, su personal a sueldo, con una sección de logística que se encarga de obtener armas y cuanto necesitan para delinquir”.
Las afirmaciones del Departamento del Tesoro estadounidense confirman esas percepciones, pero acreditan también la falta de reacción frente a la amenaza percibida. La oportunidad de evitar la sofisticación de los carteles nacionales ya pasó. Ahora solo queda impedir mayores desarrollos y reclamar el terreno perdido. Lo mismo vale decir del avance de grupos foráneos.
Pero la reacción no puede limitarse a los medios existentes. El reto es formidable y los recursos en manos de la Policía Judicial y Administrativa son insuficientes para enfrentarlo. Hay otras prioridades clamando por financiamiento, pero las advertencias recibidas y la sangre derramada aconsejan elevar el grado de urgencia de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, fuente de diversos tipos de criminalidad.
Los grupos organizados para cometer un delito aprovechan las mismas estructuras para perpetrar otros. A manera de ejemplo, la policía encuentra claros vínculos entre la venta de drogas y los préstamos “gota a gota”, donde los traficantes colocan su capital para maximizar las ganancias con uso del mismo “músculo” empleado para defender territorios, ajustar cuentas y eliminar rivales.