La electrificación de la flotilla de autobuses de transporte público es una necesidad urgente. Por eso, recibimos con entusiasmo, en setiembre del 2020, la noticia de un plan piloto en la Gran Área Metropolitana con tres unidades donadas por la cooperación alemana. La prueba debió informarnos de costos, ventajas y desventajas, si las hubiera.
La tecnología es aún costosa, pero la operación es mucho más barata por el ahorro en combustible, mantenimiento y repuestos. Esa es la ecuación clave para medir la velocidad de la transición, su impacto en las tarifas y la posibilidad de apoyar el cambio con algún tipo de subsidio.
El plan piloto debió arrojar resultados en estos días, porque se le fijó un año de duración a partir de febrero del año pasado. No obstante, el informe preliminar recién publicado carece de los datos fundamentales, alude a pruebas parciales y contiene una conclusión sorprendente: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) debe constituirse en importador y dueño de los vehículos para alquilarlos a los concesionarios. También se menciona la posibilidad de encargarle el mantenimiento.
El ICE figuró en el plan piloto porque la institución más lógica, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), no podía recibir la donación y luego entregar los buses a operadores privados de transporte público. El ICE, como institución autónoma, no tiene el mismo impedimento legal; sin embargo, el documento transforma esa participación incidental en un negocio permanente.
“Para Costa Rica, se ha teorizado que el ICE sería la empresa con mejor perfil para fungir como compañía de alquiler de buses. Esta solución le permitiría al ICE asumir un rol de liderazgo en el transporte eléctrico y, conforme la transición va ganando impulso, acceder a mejores precios, mejores marcas, y a generar una robusta base de conocimientos. Todo ello resultaría en mayor confianza entre las operadoras hasta que la transición se haya completado y el mercado esté consolidado”, afirma el estudio parcial.
La transformación es urgente. Nuestro sistema de movilización es el más contaminante de Centroamérica y República Dominicana, producto de la dependencia del petróleo, las deficiencias del transporte público y el crecimiento desordenado de la Gran Área Metropolitana. Además, los vehículos queman el 84% de los hidrocarburos consumidos en el país.
De esa urgencia a convertir al ICE en la empresa líder del cambio, hay un largo trecho. La entidad sigue debiendo en la eficiencia de operaciones mucho más próximas a su función esencial. Su competitividad en telecomunicaciones no termina de convencer y algunos negocios paralelos, como la televisión por cable, muestran obvias deficiencias.
La contribución del ICE al transporte eléctrico sería trascendental si lograra suministrar energía barata, porque la sustitución del combustible caro es una de las grandes ventajas de la nueva tecnología. En otro caso, no es posible descartar el peligro de sumar al costo de los autobuses la acostumbrada cascada de gastos administrativos, errores de cálculo e inoperancia.
La empresa estatal lleva tiempo explorando nuevos negocios para fortalecer su papel en la economía nacional. Quizá sea mejor redoblar esfuerzos en el área de sus competencias esenciales. Si la transformación del transporte requiere subsidios o incentivos, hay otras formas de proveerlos, incluida la ampliación de los plazos de concesión.
La reducción del gasto en cambios de aceite, repuestos y mantenimiento de las unidades eléctricas se estima en un 70%, pero, en Costa Rica, las mayores oportunidades deberían estar en la electricidad misma, si se aprovechan los recursos y se logra la disminución en las tarifas exigidas desde hace años por los sectores productivos y la ciudadanía.