El espacio para las explicaciones demagógicas en defensa de nuestros injustificables regímenes de pensiones es cada vez más reducido. Pronto, quien intente defender una pensión de lujo frente a los jubilados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social se arriesgará a desatar la ira de más de un cuarto de millón de personas a quienes ya no hay con qué pagarles al ritmo actual.
Mientras los beneficiarios de regímenes de lujo defienden sus jubilaciones, la Caja estudia la posibilidad de bajar el piso de la pensión más humilde del 50 % al 40 % del salario mínimo en vigor. En general, la institución podría reducir las jubilaciones del 60 % a un 55 % del salario de referencia del beneficiario.
El deterioro de las jubilaciones del IVM no es sorpresa. La exposición de motivos de la Ley de Protección al Trabajador justificaba, a inicios de siglo, la creación de las pensiones complementarias por la imposibilidad de mantener el valor futuro de las jubilaciones del IVM. El pronóstico se ha venido cumpliendo y, a juzgar por los últimos anuncios de la Caja, seguirá cumpliéndose en el futuro. Lo que sí es sorprendente es la conducta de la clase política y los grupos de presión que, indiferentes ante el deterioro de las condiciones de retiro de la gran mayoría, siguieron y siguen exigiendo y consiguiendo privilegios imposibles de financiar.
Los pensionados del futuro cercano, luego de mantener a lo largo de su vida laboral a los jubilados de ayer, no podrán aspirar al mismo nivel de vida. La injusticia intergeneracional llegará a su cúspide en un plazo mucho más corto de lo previsto porque el IVM ya hace agua. Si no logramos mantener el valor de las pensiones más modestas, ¿cómo justificar la existencia de las de lujo?
Para comenzar, es indispensable hacer a un lado el engañabobos tantas veces argumentado de las altas cotizaciones en los regímenes de privilegio. El alegato siempre olvida los aportes de privilegios del Estado en su condición de patrono. Cuando se trata del IVM, es del 5,08 %, pero sube a 6,75 % si es para el régimen del magisterio y a 14,36 % para el Poder Judicial. Aun así, las cotizaciones y los aportes mayores de los trabajadores no alcanzan.
La verdad es que pocas jubilaciones en el país se corresponden con los aportes, incluidas las más modestas del IVM. Lo dijo el exsuperintendente de pensiones Edgar Robles en enero del 2011, cuando señaló que el trabajador promedio cotiza ¢23,9 millones a lo largo de su vida laboral y luego recibe más de ¢41 millones como pensionado, dadas la edad de retiro y la larga expectativa de vida. A fin de cuentas, las cotizaciones representan un 58,4 % del beneficio.
Ahora lo dice, también, el sucesor de Robles en el cargo. Según Álvaro Ramos Chaves, todo jubilado que reciba más de lo que aportó es un pensionado de lujo, pero en Costa Rica esa definición tiene graves implicaciones porque muy pocos cobran lo justo. “El problema con esa definición es que, virtualmente, todas las pensiones, desde la de ¢100.000 hasta la de ¢10 millones, son de lujo en Costa Rica porque, históricamente, le hemos dado más a la gente de lo que cotizó”, dice Ramos.
Refiriéndose al régimen más importante, que también es, con mucho, el más moderado en beneficios, afirma: “Le prometimos a la gente pensiones que son dos o tres veces lo que aportaron durante su vida laboral, y ahora el proceso de ajuste es complejo”. Ni hablar, entonces, de los regímenes tradicionalmente calificados como de lujo.
El superintendente suma su voz a la del director nacional de pensiones, la del diputado Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana, y muchos otros sectores, para llamar a la unificación de los diversos regímenes y fijar un tope de ¢1,5 millones a las pensiones de lujo. Es el mismo tope del IVM, no importa cuánto haya cotizado el beneficiario.