El Informe Estado de la Nación puso precio a las horas invertidas en los embotellamientos de tránsito. Con la creatividad y rigor propios de la publicación, sus investigadores se preocuparon por identificar diversos factores involucrados en la valoración, incluida la escolaridad, el tipo de empleo y la duración del traslado en las zonas estudiadas.
Los resultados son dramáticos. En los cantones donde el costo es más bajo, representa poco menos de $3.000 anuales por persona, pero puede llegar hasta $5.000 en algunas zonas. Los datos cumplen la importante función de señalar las consecuencias del caos vial, la falta de infraestructura y la ausencia de un moderno sistema de transporte público. Sin embargo, no capturan el costo total.
Las presas tienen un efecto sobre la contaminación y, por esa vía, inciden sobre la salud. Tanto el costo directo de la contaminación como el de sus consecuencias sobre la salud son elevados. En los embotellamientos también se desperdicia combustible y aumenta la probabilidad de accidentes con daños humanos y materiales.
Otros costos se relacionan con los obstáculos impuestos por las presas a la actividad económica. Además del traslado de personal y el tiempo perdido por involuntarias impuntualidades, las empresas sufren al transportar insumos, productos o personal hasta los puntos de encuentro con sus clientes, entre otras actividades.
Existe, además, un importe difícil de monetizar. Los embotellamientos disminuyen radicalmente la calidad de vida. En palabras de Nancy López, profesora de Arte, residente en San José de la Montaña, demasiada gente está perdiendo la vida en las presas. La consciencia de ese desperdicio conlleva, también, implicaciones para la salud.
Las soluciones son conocidas, pero pasan años, lustros y décadas sin avance. El transporte público existente resultaría mucho más eficaz si las autoridades aplicaran un programa de sectorización de cuya importancia se habla desde el siglo pasado. El ordenamiento de los autobuses reduciría la duración de los traslados y la cantidad de vehículos empleados para dar el servicio.
Ese, precisamente, es uno de los problemas. Las tarifas se relacionan con la cantidad de vehículos utilizados en cada ruta, y si disminuyen, también lo hará el cobro autorizado. Semejante resultado, tan grato para los usuarios, no complace a todos los autobuseros y la sectorización, tanto como el cobro electrónico, es objeto de constantes posposiciones y mesas de diálogo como la convocada por la administración de Luis Guillermo Solís cuando decidió enterrar el asunto.
Pero también es sabido que la solución no descansa exclusivamente en mejorar los autobuses. Por eso se discute la adopción de un tren de pasajeros moderno para sustituir la rudimentaria operación existente. El proyecto promovido por la primera dama, Claudia Dobles, conectaría el aeropuerto internacional con diversos puntos del área metropolitana. Uno de sus extremos llegaría hasta Ciruelas, con un ramal hacia Alajuela y en la otra punta alcanzaría Paraíso. Resuelto así el transporte entre puntos distantes del área metropolitana, existe también la idea de instalar un tranvía o monorriel en el centro.
En cuanto a vías, urge completar las iniciativas de la Circunvalación norte, la ampliación de la ruta 27 y el corredor entre San José y Cartago, además de construir pasos a desnivel en lugares identificados desde hace tiempo. Ninguno de los proyectos señalados resulta novedoso. El denominador común son los años transcurridos desde la primera formulación de cada una de ellos y el poco avance de casi todos. Ojalá iniciativas como la del Estado de la Nación contribuyan a abrirnos los ojos frente al costo de posponer las soluciones, ya incorporado a la rutina como si no pudiera ser evitado. Con vista en los números, quizá hasta logremos entender de otra forma el costo de los peajes.