La propuesta de vender activos del Estado suscita una diversidad de reacciones, pero el debate debe descontaminarse de las emotivas para examinar exclusivamente las racionales. Hace 28 años, considerables sectores no parecían dispuestos a imaginar el sistema financiero con menos de cuatro grandes bancos estatales. Luego, cerró el Anglo, quedaron tres, y el país siguió adelante, si bien con el lastre de las pérdidas causadas por el descalabro de la vieja institución.
El Estado mantuvo con respiración artificial al Banco Crédito Agrícola de Cartago durante décadas, concediéndole negocios exclusivos y fáciles comisiones, pero en el 2017 ya nada se pudo hacer, y solo quedaron dos bancos estatales, además de Bicsa. Una vez más el país enfrentó las pérdidas y siguió adelante. Los cuatros bancos no hacían falta, y es válido preguntarse si dos son necesarios.
La pregunta cobra relevancia tras la reciente propuesta del Poder Ejecutivo para poner el Banco de Costa Rica en venta, pero el debate tiene sentido solo si versa sobre las ventajas, desventajas y la forma de hacerlo. No basta con decir que los ingresos se emplearán en la reducción de la deuda. Primero, debemos saber si la reducción sería significativa y, luego, cómo se canalizarían los recursos hacia ese fin.
Una posibilidad es aplicarlos directamente al pago, pero también se ha hablado de crear una especie de fondo soberano para obtener réditos en el futuro. La venta de activos productivos puede disminuir la deuda y bajar los costos por intereses y depreciación, pero también conlleva la renuncia a una fuente de ingresos. Solo un cálculo cuidadoso indicará si esos ingresos permitirían atender los mismos gastos y, además, dar ganancias.
La discusión no debe partir, entonces, de la presunción de grandes ventajas por la preservación de dos bancos estatales y tampoco de expectativas exageradas por los beneficios de la venta. Es preciso reconocer, asimismo, la existencia de opciones para invertir los fondos si la negociación llegara a concretarse. Un supuesto indispensable sería la garantía de no utilizarlos para incrementar el gasto.
Lo dicho para los bancos vale para el Instituto Nacional de Seguros (INS), también incorporado a la reciente propuesta del Ejecutivo. La idea, en este caso, es vender el 49% de las acciones a los fondos de pensiones, pero la última vez que se discutió la posibilidad de abonar el valor del INS a la satisfacción de obligaciones del Estado, se planteó como una opción traspasarlo a la Caja Costarricense de Seguro Social a cambio de la enorme deuda acumulada.
Quizá no sea la mejor forma de aprovechar el valor del INS en beneficio de la situación fiscal; sin embargo, el ejemplo ilustra la existencia de diversas posibilidades y la insuficiencia de la mera enunciación del deseo de utilizarlo para pagar deuda.
La otra interrogante se relaciona con la factibilidad. Salvo la venta de Bicsa, propiedad de los dos grandes bancos estatales, con valor muy limitado, las otras propuestas requieren la aprobación legislativa, pero ese es apenas el primer escollo. También, habría un largo proceso de valoración del bien y búsqueda de interesados.
En el caso del INS, la propuesta de venta a los fondos de pensiones suscita dudas todavía mayores. ¿Puede el Estado obligar a esas entidades a invertir en una participación en la empresa de seguros? ¿Puede exigirles no vender esa participación en el mercado secundario, con lo cual terminaría en manos de particulares? Si no puede obligar a los fondos a conservar las acciones a perpetuidad, ¿podrían mantenerse los negocios monopólicos del INS? ¿Cuánto valdría la entidad sin esos negocios?
Las dudas muestran el largo camino por andar para concretar los planteamientos. Corresponde al gobierno proveer la información faltante. Mientras tanto, es preciso plantear la ruta para impedir el aumento de los desequilibrios fiscales a corto plazo y, por fin, la reactivación de la economía.