La sociedad costarricense tiene un claro entendimiento de que la educación es uno de los principales motores del desarrollo y el bienestar. Es la llave para acceder a trabajos bien remunerados, atraer empresas necesitadas de personal calificado y generar conocimiento que, a su vez, origine soluciones, innovaciones y nuevas actividades económicas.
La política lo ha tenido claro. Por eso, el país destina un 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación, por norma constitucional. Si bien los problemas fiscales han dificultado alcanzar esa meta, el gobierno previó un gasto de más de ¢2,5 billones en educación para el 2022, equivalentes a un 22,3% del presupuesto nacional.
Ningún otro sector recibe tantos recursos. No obstante, diversos estudios advierten de que esa inversión no se traduce en resultados satisfactorios. Así lo ha señalado en varias ocasiones la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el 2019, la Contraloría General de la República ubicó a Costa Rica en el puesto 54 de 56 países en un ranquin de la eficiencia de la inversión en educación, es decir, está entre los que más gastan y obtienen peores resultados.
El año pasado el entonces presidente Carlos Alvarado lamentó que el país no hubiera fijado metas claras o definido los resultados deseados cuando aumentó, en el 2011, de un 6% a un 8% del PIB el financiamiento educativo. El país no puede seguir invirtiendo en educación sin asegurarse resultados satisfactorios. La comparecencia de Isabel Román, coordinadora del Informe estado de la educación, el martes 26 de julio, ante los diputados de la Comisión Especial de Educación, obliga a encender las alarmas.
“Tenemos un sistema educativo que navega a ciegas”, afirmó. “Es como un barco que navega sin rumbo, sin brújula”. La experta explicó que “el Ministerio de Educación ha quitado las evaluaciones, no ha logrado agregar las evaluaciones de aula que los docentes hacen, y las macroevaluaciones (como las pruebas FARO) se fueron quitando”.
En el 2018, por causa de la huelga de tres meses en el Ministerio de Educación Pública (MEP), la entidad se vio obligada a conceder las notas a los alumnos. En los años 2020 y 2021, por la pandemia, se suprimieron las evaluaciones ordinarias. En sustitución del bachillerato se introdujeron las pruebas de Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO), las cuales expusieron el bajo nivel de los estudiantes de penúltimo año de primaria y secundaria.
Sin embargo, el Consejo Superior de Educación (CSE) suprimió esas pruebas hace pocas semanas sin presentar un sustento técnico para la decisión. El país se quedó sin pruebas estandarizadas. Manuel Calderón Esquivel, quien renunció al cargo de miembro suplente del CSE en junio pasado, dijo que la eliminación de las pruebas no fue consensuada, sino impuesta.
“Si no actuamos rápido, vamos a tener una nueva generación perdida, y ese lujo este país no se lo puede dar porque se nos acabó el bono demográfico”, expresó Isabel Román, quien llamó a avanzar en la capacitación obligatoria para los docentes. Añadió que solo el 8% de los 4.585 centros educativos imparten el currículo completo.
En cuanto a la actual estrategia del MEP, la experta concluyó: “Por el momento, no conocemos más que las declaraciones. Imaginamos que están trabajando en el diseño de la estrategia, pero el Estado de la Educación ha señalado una ruta clara que tiene que ver con planes de nivelación y de aceleración de aprendizajes. Este país no puede darse el lujo de un año más durante el cual no sepamos qué saben y qué no saben los estudiantes”.