Un hecho político fulminante e incontrovertible y una filtración de reveladores documentos oficiales han puesto de manifiesto, durante las últimas dos semanas, el carácter totalitario y las fisuras internas del régimen chino, así como su incapacidad para lidiar adecuadamente con los desafíos de ciudadanos libres y de una opinión pública internacional alerta.
Primero, el hecho político. Desde que, en junio de este año, estalló una creciente oleada de protestas en Hong Kong —primero contra un proyecto de ley de extradición, y luego a favor de reformas democráticas—, el gobierno chino las atribuyó a “grupos violentos” rechazados por una mayoría de ciudadanos del enclave y manipulados por poderes externos deseosos de desestabilizar la más importante plaza financiera de Asia.
De acuerdo con este ficticio argumento, las elecciones de consejos de distrito, que se celebraron el pasado domingo, demostrarían el poco apoyo popular hacia las protestas y la agenda de exigencias que las animan. El resultado, sin embargo, fue totalmente contrario a la ficción oficial: un rotundo fracaso para las autoridades centrales. Con una participación inédita (71 % del electorado), los candidatos democráticos, afines a las protestas, obtuvieron 389 de los 452 puestos disponibles, una mayoría abrumadora que no solo revela el enorme apoyo del que gozan entre la población, sino también el profundo y extendido rechazo a los crecientes controles de Pekín sobre Hong Kong. Y si bien es cierto el impacto de los consejos de distrito es estrictamente local, la implicación del mensaje electoral tiene enormes consecuencias para el gobierno del presidente Xi Jinping.
Los documentos oficiales filtrados, que inicialmente sumaron 403 páginas, fueron divulgados el 16 de noviembre por el diario The New York Times, y ampliados ocho días después por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En conjunto, revelan la fría, sistemática, brutal e inhumana estrategia del régimen chino para someter a la población musulmana de las etnias uigur y kazaja, que habitan en la provincia occidental de Xinjiang, quebrar sus tradiciones, ahogar sus prácticas religiosas y asimilarlas totalmente a los dictados del poder central.
El eje de esta campaña ha sido el establecimiento de una serie de campos de concentración, llamados, eufemísticamente, de “reeducación”, en los que han sido recluidos centenares de miles de uigures y kazajos. Desde que aparecieron, en el 2017, precedidos por otras modalidades represivas, el gobierno de Pekín había negado tanto la magnitud como la verdadera naturaleza del programa. Sin embargo, los documentos divulgados, al igual que lo hicieron las elecciones distritales en Hong Kong, han puesto de manifiesto, sin posibilidad de negación, la falsedad de esa fabricación propagandística. Además, el hecho de que hayan sido divulgados por funcionarios dentro de la estructura de poder, delata que esta es menos monolítica de lo que se desea proyectar.
Los textos parecen sacados de las novelas más distópicas que se han escrito sobre el poder totalitario. Establecen, con lujo de detalles, cómo deben administrarse esos campos, a quiénes recluir, la forma de “evaluar” a los internos, las explicaciones y amenazas que se deben comunicar a los hijos menores de edad cuando indaguen por la suerte de sus padres, y cómo manejar el uso de premios y castigos dentro y fuera de sus alambradas.
Enfrentado a las revelaciones sobre la construcción de un estado policial en Xinjiang y a la derrota electoral en Hong Kong, el régimen no ha podido acudir al usual recurso de silenciar los hechos, al menos de cara al exterior, porque internamente mantiene una meticulosa censura. En su lugar, se ha dedicado a alegar presuntas “distorsiones” en la presentación de los documentos, y amplificar las teorías conspirativas de intervención externa en Hong Kong. Además, ha pretendido justificar la brutal y extendida represión con el argumento de que es la forma más eficaz de combatir el “extremismo islámico”, como si no existieran modalidades más precisas, acotadas y respetuosas de los derechos humanos.
La realidad es otra: pese a sus avances materiales, el régimen chino, a partir del ascenso de Xi Jinping, se ha dedicado a concentrar más poder y ejercer un control más brutal. En algunos casos, por su abrumadora capacidad represiva, lo logra imponer sin límites; pero cuando las condiciones son otras y la población puede expresarse, el rechazo es evidente. Estas son las lecciones de Xinjiang y Hong Kong. Está por verse cuál será su impacto final.