Costa Rica acaba de cumplir una jornada electoral en paz y pleno goce de las libertades públicas, incluidas las de expresión y prensa. Al mismo tiempo, en Caracas, una jueza obsecuente ponía en manos de uno de los principales dirigentes de la dictadura las instalaciones del periódico El Nacional, como resarcimiento por daños morales surgidos de un espurio juicio por inexistentes delitos contra el honor.
Diosdado Cabello, segundo en la jerarquía del régimen, es ahora el dueño del edificio y los terrenos del periódico. Dispondrá de ellos mientras la dictadura subsista porque, cuando toque a su fin, ningún gobierno con vergüenza respetará el fallo y los enjuiciados serán Cabello, la jueza y posiblemente su hermano, el contralor general de la República nombrado por Nicolás Maduro para no ver los desmanes del régimen y sus operadores.
Nadie fue notificado de la inminente adjudicación de los bienes embargados. El diario, publicado en versión electrónica porque la imposibilidad de conseguir papel lo obligó a eliminar la edición impresa hace años, calificó el procedimiento de “irregular y clandestino”. La diligencia se ejecutó “sin la presencia de ningún testigo, sino solo del abogado del demandante, Alejandro Castillo Soto”.
Nuestra jornada electoral del domingo, en contraste con Venezuela, transcurrió en paz porque un poder judicial independiente garantiza, junto con el Tribunal Supremo de Elecciones, el ejercicio de los derechos indispensables para vivir en democracia. Nuestros jueces se excusan cuando las circunstancias crean duda sobre su imparcialidad y la Contraloría General de la República existe para supervisar el apego a la ley en la Administración Pública.
La solidaridad con el país y el medio de comunicación hermanos no impide hacer la comparación con el único fin de resaltar las bondades de un sistema político criticado, muchas veces con justicia, pero en otras, sin freno ni mesura. La tragedia de El Nacional es impensable en Costa Rica y los ciudadanos debemos asegurarnos de que lo siga siendo.
Con la confiscación de las instalaciones del principal periódico venezolano, el régimen de Maduro da un paso adelante en la política de eliminar la prensa independiente y concentrar la información en sus manos. Otros medios impresos, así como empresas de televisión y radio, han sufrido la misma suerte a lo largo de muchos años.
Miguel Henrique Otero, director de El Nacional, describió la estrategia en una entrevista concedida a este medio en el 2015, cuando se conoció la demanda interpuesta por Cabello: “El régimen del chavismo tiene un objetivo que ellos llaman hegemonía comunicacional; es el modelo cubano a largo plazo. Para eso, han silenciado, comprado o cerrado la mayoría de los medios. En nuestro caso, hemos resistido y seguimos resistiendo”.
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Los venezolanos, según la sentencia base del remate, no tienen derecho a saber que en todo el mundo los medios de comunicación citaron las informaciones del diario español ABC sobre las investigaciones abiertas en los Estados Unidos contra Cabello por vínculos con el narcotráfico. La reproducción de esas informaciones, difundidas en todo el mundo, fundamentó la demanda, también dirigida contra Tal Cual y La Patilla.
El político intentó demandar por los mismos motivos a ABC, The Wall Street Journal y The New York Times, pero no tuvo éxito en jurisdicciones independientes, donde se protege la libertad de expresión y no hay influencia del régimen venezolano sobre los tribunales. Como suprema ironía, Cabello es el encargado de la reforma de la justicia emprendida por el régimen de Maduro. El resultado de los cambios es tan predecible como el despojo de El Nacional. Ya en el 2019 el segundo de a bordo de la dictadura aseguraba que sería dueño de las instalaciones y las convertiría en sede de una universidad de la comunicación, cuyo currículo tampoco ofrecerá sorpresas.