Un grupo de exdiputados pidió declarar inconstitucional la medida que puso límite a un descaro socioeconómico: el aumento de sus pensiones, año con año, en un 30 %. Según las matemáticas elementales, en solo cinco años, una regla como esa lleva a ¢7.100.000 una pensión que inicialmente fue de ¢2.500.000. Y a los diez años el monto de esa pensioncita será de ¢26.500.000 (“Exdiputados reclaman alza del 30 % anual en pensiones”, La Nación, 3/12/2018).
Pero muchos pensionados del sector público se jubilan a edades tempranas, tan tempranas como los 55 años —sí, de edad, no de servicio— y podrían vivir fácilmente 40 años como pensionados. En ese plazo, extraen del presupuesto nacional una suma increíblemente alta. Aun en el caso de una jubilación en edad más avanzada, el aumento de la expectativa de vida prolonga el pago de las pensiones. Un jubilado de lujo bajo la regla que nos ocupa terminaría recibiendo —sin que haya aportado para ello— el ingreso de miles de otros costarricenses que se pensionan con sumas muy inferiores, pero sostenibles actuarialmente. Muchos también se jubilan con montos iniciales superiores a los ¢2.500.000 del ejemplo y entonces el impacto de privilegios como los comentados es verdaderamente impresionante.
No puede ser, por más que los beneficiarios aleguen que sus demandas son en defensa del “Estado de derecho en que vivimos”, como sostiene el exdiputado del Partido Republicano Rogelio Ramos Valverde. Y es que el sistema opera así: en un momento dado, sin que los pagadores de impuestos se enteren, se aprueba una regla como la comentada y a partir de entonces pasa a constituirse en un “derecho adquirido” que, según sus beneficiarios, no puede ser tocado.
En el grupo de exdiputados ofendidos por el límite de comentario hay dos representantes del Partido Pueblo Unido, que decían luchar por una mejor distribución de la riqueza. Parece que “mejor” significa que los exdiputados reciban más.
También aparecen en la lista de beneficiarios accionantes una serie de exempleados del Instituto Nacional de Seguros que, en el curso de su carrera, ocuparon cargos de nivel medio, no gerencial, pero resultaron favorecidos por rebote cuando el Régimen de Pensiones de Hacienda, por un error legislativo (o quizá por una hábil maniobra de grupos de presión), se extendió a muchos entes públicos más allá del Ministerio de Hacienda.
Las pensiones que nos ocupan tienen un monto bruto y uno neto, resultado de deducir las rebajas legalmente aplicables, pero aun los montos netos resultan elevadísimos e insostenibles no solo para el presupuesto nacional, sino ante la opinión pública. Conviene tener presente que en esta época se les paga aguinaldo, del todo sin rebajas.
Es necesario poner coto a este despropósito. Los costarricenses estamos dispuestos a soportar una carga tributaria alta si esos recursos se dedican a propósitos de interés económico-social, como son las obras de infraestructura pública, educación, salud básica y apoyo a los grupos menos favorecidos de la sociedad. Pero ese esfuerzo se vería traicionado —y hasta la confianza en el sistema democrático se vería seriamente erosionada— si los recursos públicos se utilizan para llevar más y más riqueza a quienes ya tienen un ingreso muy superior al promedio nacional.
Confiamos en que los miembros de la Sala Constitucional analizarán todas las aristas del problema que nos ocupa y decidirán teniendo en mente el interés general del país. Costa Rica está urgida de desmontar el sistema de privilegios construido a lo largo de tantas décadas de irresponsabilidad, sobre todo, frente a las necesidades de quienes menos tienen.