La destrucción de la precaria institucionalidad nicaragüense es una necesidad para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En ausencia de Poder Legislativo, Corte Suprema de Justicia, tribunal electoral y partidos políticos, la pareja impuso su voluntad sin mayor resistencia hasta la valiente pero poco articulada rebelión cívica de abril.
El dominio de los Ortega, apoyado en un pacto con el grueso de la clase empresarial, pudo darse el lujo de tolerar focos de periodismo independiente, no sin desarrollar su propia red de medios para contrarrestarlo. A partir de diciembre, desató una batida contra los periodistas más críticos hostigándolos, encarcelándolos y obligándolos a abandonar el país.
Aparte del periodismo independiente, en cuyo campo se inscriben el diario La Prensa y medios como Confidencial, del periodista Carlos Fernando Chamorro, exiliado en nuestro país, solo dos instituciones, el Ejército y la Iglesia, conservan fuerzas no emanadas del poder presidencial. El primero se mueve en un mar de dudas y ambigüedades. Se negó a participar en la represión de las manifestaciones, con saldo de más de 300 muertos, pero se debate si ofreció colaboración solapada. La Iglesia es la protagonista con más credibilidad y prestigio, lo cual no la salva del hostigamiento.
Importantes sectores empresariales, decisivos en la lucha contra los primeros proyectos autoritarios del sandinismo, entregaron esas credenciales al pactar con Ortega y Murillo, reeditando la invitación antaño formulada por Anastasio Somoza a hacer negocios y dejar la política en manos de los gobernantes. A partir de la rebelión, voces empresariales señalan el acercamiento como un error y exigen el fin de la dictadura, pero es dudoso que puedan proveer al país una ruta a seguir si el gobierno se desploma.
La dirigencia de los rebeldes, valiente y decidida, no conforma un cuerpo articulado detrás de un programa de cambio. La inolvidable imagen de un líder estudiantil plantado frente al dictador para exigir su dimisión en medio de las terribles jornadas represivas no deja duda de las reservas de heroísmo del sufrido pueblo nicaragüense, pero es emblemática de la dispersión de esfuerzos. Lesther Alemán, de 20 años, se convirtió, en el acto, en voz de los rebeldes sin invocar membrecía en ningún partido u organización más allá del movimiento estudiantil.
Nicaragua necesita partidos políticos, no la pléyade de satélites organizada por Ortega alrededor de su Frente Sandinista y el colaboracionista Partido Liberal del expresidente Arnoldo Alemán. No hay mejor ejemplo de la sistemática destrucción de las organizaciones independientes que las maniobras emprendidas para despojar a sus opositores de toda forma de personería jurídica.
La Alianza Liberal Nicaragüense de Eduardo Montealegre perdió su vehículo electoral el 8 de junio del 2016 cuando el Poder Judicial, controlado por Ortega, le arrebató al dirigente la representación legal de su agrupación para entregársela al poco conocido Pedro Reyes, quien exigió adhesión a la bancada del partido en el Congreso. Cuando los diputados se negaron a someterse al liderazgo espurio, el Poder Electoral, también dominado por Ortega, solicitó a la Asamblea Nacional destituirlos con base en la resolución judicial utilizada para despojar a la dirigencia legítima.
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El Movimiento Renovador Sandinista (MRS), fundado por figuras distanciadas del dictador en los años noventa, corrió una suerte parecida y luego siguieron varias organizaciones no gubernamentales. Ortega no tolera la articulación de fuerzas ajenas a su influencia y su deliberada política de atomización y destrucción plantea un difícil camino para la recuperación democrática cuando finalmente llegue el momento, ojalá antes del paso de mucho tiempo. Plantea, también, dificultades para la mediación internacional, obligada a comenzar por la identificación de interlocutores en el polo contrario al régimen.