Desde que hace poco más de 25 años entró en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pocas reuniones cumbre de sus Estados miembros habían tenido un resultado tan decepcionante como la concluida la mañana del domingo en Madrid. Por algo el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en un lenguaje inusualmente severo, se manifestó “decepcionado” del resultado y lamentó que “la comunidad internacional perdiera una oportunidad importante para demostrar una creciente ambición sobre la mitigación, adaptación y financiamiento necesarios para lidiar con la crisis climática”.
Pese a su lema “Tiempo de actuar”, la ampliación por casi dos días del plazo para que concluyeran las negociaciones, y los esfuerzos de una sustancial coalición de Gobiernos —entre ellos los de la Unión Europea, Costa Rica y varios otros latinoamericanos—, resultó imposible aprobar un texto que instara a todos los países a comprometerse el próximo año a efectuar recortes más sustanciales y rápidos en sus emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano. Tampoco fue posible un acuerdo para regular un nuevo mercado internacional de carbono, instrumento muy necesario para reducir las emanaciones y financiar las acciones de adaptación.
En lugar de lo anterior, apenas logró aprobarse un documento de gran generalidad y mínima ambición, mientras que la decisión sobre el mercado de carbono se postergó para el próximo año, cuando la COP26 se celebrará en Glasgow, Reino Unido.
Este deprimente saldo revela con alarmante crudeza cómo la miopía, ambición y arrogancia de los principales países emisores —particularmente Estados Unidos, China y la India—, junto con el oportunismo de otros de gran magnitud, recursos y responsabilidad hacia el resto de la humanidad, como Australia, Brasil y Rusia, ha desdeñado la abundante prueba científica sobre la celeridad y gravedad de la crisis climática, y ha puesto en primer plano intereses a corto plazo.
Entre las grandes economías mundiales, solo la Unión Europea estuvo a la altura del desafío. Lo ha demostrado no solo con su ímpetu propositivo en la cumbre de Madrid, sino también con las medidas que varios de sus miembros han tomado desde hace varios años y, sobre todo, con la meta de ser carbono-neutral en el 2050. Pero de poco valdrá este crucial compromiso, o el de una coalición de Estados constituida durante la pre-COP celebrada en el nuestro, si los mayores emisores no solo se mantienen al margen de la acción necesaria, sino que, en algunos casos, hasta la boicotean. A este grupo, desgraciadamente, pertenece Estados Unidos, que, por decisión del presidente Donald Trump, a finales del próximo año concluirá el proceso para abandonar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
Este documento, suscrito en la capital francesa en diciembre del 2015, como resultado de la COP21, condujo a que los participantes se comprometieran a frenar el calentamiento global antes de que el promedio mundial llegara a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, aunque también reconoció que lo más sensato sería apostar por una meta por debajo de 1,5 grados. Sin embargo, el aumento de las temperaturas globales ha continuado y una valoración científica de las emisiones dada a conocer el 4 de diciembre reveló que, si mantienen la tendencia, el planeta llegará a este nivel de calentamiento en apenas 10 años.
Además de lo decepcionante que resultó la cumbre, es alarmante que, por lo menos a corto plazo, no se vislumbre un cambio de actitud drástico por parte de los principales emisores y sus acompañantes de ruta para frenar el proceso, menos aún para revertirlo. Si esta situación no cambia, solo podrá acelerarse el avance hacia impactos mucho más graves e irreversibles. Por esto, el término crisis climática no es una exageración.
La prueba científica es más que sólida. Lo que se requiere desde hace mucho tiempo son acciones. Y, si estas, por desgracia, no vienen desde los mayores emisores, el resto de los países, las comunidades locales, empresas, consumidores y ciudadanos deberemos redoblar esfuerzos, tanto por reducir nuestras huellas de carbono como por hacer pagar el precio político a quienes se niegan a actuar.