La expresidenta Laura Chinchilla y su vicepresidente Luis Liberman fueron sobreseídos en el caso de la trocha proyectada a lo largo de la frontera con Nicaragua. Desde el inicio, la acusación descansó sobre bases endebles, pero quizá sean todavía más graves las implicaciones futuras.
Los dos altos funcionarios enfrentaron cargos porque al promulgar una declaratoria de emergencia facilitaron “la disminución de los requerimientos y controles habituales para las contrataciones”. Esa es, por supuesto, la consecuencia de semejante decreto, pero no su propósito. Las declaratorias de emergencia se hacen para atender con prontitud situaciones de riesgo. En esos casos, la celeridad exige simplificar requerimientos y disminuir controles.
En una situación fronteriza tirante, como la de aquella época, las pretensiones de responder con rapidez son comprensibles. No hay discusión sobre la oportunidad creada para la comisión de irregularidades. Esa es la naturaleza de un decreto de emergencia, pero de ahí a la existencia de un propósito de prohijar anomalías hay un largo trecho. Fue la propia expresidenta, en conferencia de prensa, quien denunció las irregularidades.
En su caso, en el del exvicepresidente y en el de los otros acusados, el Ministerio Público se encontró frente a hechos totalmente atípicos, es decir, no constitutivos de delito alguno. En consecuencia, la propia Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo. Eso no remedia los años de cuestionamientos y sumisión a un proceso penal.
Según el Ministerio Público, “no hay prueba de que la firma se hizo para que funcionarios corruptos distrajeran fondos públicos en colusión con los empresarios, sino el motivo fue realizar acciones para facilitar los procesos de contratación de las empresas para la construcción de rutas de acceso a la zona del conflicto, dada la violación de la soberanía costarricense”. Llegar a esa conclusión no debió haber tardado tanto y el solo hecho de la firma, vistas sus circunstancias, no debió ser fundamento de una acusación.
En el futuro, será difícil culpar a los gobernantes si rehúsan emplear una declaratoria de emergencia para enfrentar situaciones como la de comentario. El mecanismo está previsto por ley y las razones de su existencia son lógicas. Emplearlo no exime de acciones de control y deberes de rendición de cuentas, pero siempre creará riesgo de abusos. Ese es el precio de la celeridad. Por eso, el recurso se emplea de forma excepcional; sin embargo, conviene pensar dos veces antes de condenarlo a ser invocado exclusivamente en el caso de los desastres más dramáticos.
La trocha debía tratarse como emergencia. Era indispensable, y todavía lo es, afirmar la soberanía nacional sobre la zona fronteriza. Urge, también, contribuir a desarrollar el área para beneficio de sus habitantes. Lo anterior no exime a la administración Chinchilla de responsabilidad política por la malograda gestión. Por otra parte, el Ministerio Público debe intensificar los esfuerzos por hacer justicia con quienes incurrieron en actos de corrupción. Hay 26 acusados y quienes sean hallados culpables cargarán, además de la condena, el justo reproche por dar al traste con un proyecto de primordial necesidad.
Desafortunadamente, los acontecimientos hicieron de la trocha una iniciativa tóxica, de la cual ni siquiera se habla. La última mención la hizo el expresidente Luis Guillermo Solís cuando habló durante su campaña electoral de concluir el proyecto. Los ¢20.000 millones invertidos son pérdida y las obras ejecutadas están en el abandono. La trocha facilitaría la vigilancia de la frontera y estimularía el desarrollo en la zona, cuyos vecinos invirtieron para participar del dinamismo prometido por la nueva infraestructura, pero nadie quiere hablar de ella.