Veinticinco parques nacionales y siete refugios de vida silvestre atrajeron 2,1 millones de turistas nacionales y extranjeros el año pasado. Las bellezas naturales propias de esas áreas están entre los principales atractivos del país para los 2,6 millones de turistas cuya contribución a la economía nacional ya se acerca a los $4.000 millones.
Los datos contrastan con la inversión de $12,3 millones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), entre el 2015 y el 2016, para mejorar vías de acceso y estructuras. El dinero provino de un préstamo de $19 millones negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante la administración Chinchilla y exige una contrapartida nacional de $6 millones.
El año entrante se invertirán otros $5,1 millones en mejoras, pero las deficiencias son muchas y la Sala Constitucional acaba de declarar con lugar un recurso de amparo interpuesto por organizaciones ambientalistas disconformes con la falta de atención a las necesidades urgentes de las reservas.
En los parques y refugios hay tala ilícita de árboles, caza furtiva, robo de huevos de tortuga, ocupantes ilegales y hasta narcotráfico. Los visitantes son recibidos por instalaciones deterioradas, servicios sanitarios deficientes y senderos en mal estado, para no mencionar las dificultades de acceso a muchos de estos lugares.
Las inversiones no bastan para remediar las deficiencias de infraestructura, pero quizá el peor efecto de las limitaciones económicas sobre esta paradójica fuente de gran riqueza es la falta de personal para vigilar las 166 áreas protegidas. El Estado no tiene dinero para contratar más guardaparques.
Las autoridades atribuyen el problema a la grave situación fiscal y tienen razón. La pregunta es si las prioridades están bien establecidas. En la Refinadora Costarricense de Petróleo, el país gasta ¢10.765 millones en salarios y otros ¢24.585 millones en sobresueldos y beneficios de una refinadora que no refina, mientras el turismo genera unos 150.000 empleos directos y 450.000 indirectos. La llamada industria sin chimeneas es más del 5 % del producto interno bruto y cerca del 30 % de las exportaciones totales.
Es injusto, además, valorar los beneficios de los parques nacionales y refugios de vida silvestre únicamente a partir de su contribución al atractivo del país para los turistas. Los beneficios ecológicos y ambientales son aun mayores. Poco se escucha a estas alturas el viejo argumento del carácter “estratégico” de los combustibles antaño utilizado para defender a Recope. En décadas no se ha visto ese valor estratégico de la empresa estatal, pero el de nuestros bosques, mares y volcanes está más allá de toda duda.
La Contraloría ha advertido, desde el 2014, sobre la insuficiencia de los recursos destinados a la protección de las zonas necesitadas de protección. Las observaciones del informe emitido en esa época se parecen en mucho a las recientes conclusiones de la Sala IV. El sindicato del Ministerio de Ambiente y Energía estima en 800 el déficit de guardaparques. También se queja de falta de vehículos y hasta combustible para las labores de vigilancia.
Según la Sala Constitucional, el Estado “no ha sido capaz de brindar una protección efectiva a las áreas de conservación”. Los magistrados dieron cinco años de plazo para remediar la falta de recursos, pero, desde ahora, se puede adivinar el incumplimiento. Así será mientras el país no consiga alinear sus prioridades de inversión con los mayores beneficios para la totalidad de sus habitantes.