18 diciembre, 2018

La Asamblea Legislativa muestra voluntad de recuperar los mecanismos de la democracia para tomar decisiones. Sin la aprobación del procedimiento de la vía rápida, el vital proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas seguiría en discusión y el país estaría en una situación muy comprometida. La decisión la adoptó el Congreso anterior, pero el actual se vio obligado a confirmarla cuando surgió la obligación de introducir modificaciones para asegurar la integridad del proceso.

Pese al esfuerzo demostrado en estos seis meses, queda la insatisfacción de tener un solo recurso, de carácter extraordinario, para impulsar la agenda legislativa

No todos los votos prestados a la iniciativa están entre los que en última instancia aprobaron el proyecto, pero permitieron la discusión y la manifestación de voluntad de una amplísima mayoría de los diputados. Ahora, legisladores con distintas posiciones sobre la indispensable modificación de la legislación laboral, especialmente en lo relacionado con el abuso del derecho a la huelga, acordaron someter sus proyectos a un procedimiento abreviado donde necesariamente unas tesis primarán sobre otras.

La comisión legislativa encargada del trámite estudiará la iniciativa planteada por Nueva República para proteger el salario de los huelguistas aunque la protesta sea declarada ilegal y también los planteamientos de otros partidos, inclinados a establecer el pago solo en el caso de los movimientos apegados a la ley. Son tesis excluyentes, pero una vez más prevaleció el deseo de permitir la discusión y dejar el camino abierto a una definición adoptada con apego a las reglas de la democracia.

En un caso menos polémico —la legislación requerida para dotar de agua a grandes extensiones de Guanacaste— la Asamblea también utilizó con buen éxito la vía rápida. El proyecto fue aprobado de manera oportuna y sus beneficios están en camino para las comunidades necesitadas.

Tantos procedimientos abreviados en menos de siete meses son producto del contraste entre un reglamento legislativo anquilosado y una Asamblea decidida a legislar o, cuando menos, consciente del peso de los problemas sometidos a su consideración. La falta de agua, la crisis fiscal y los abusos permitidos por la omisa legislación laboral exigen respuestas oportunas, imposibles de lograr por el procedimiento ordinario.

Pese al esfuerzo demostrado en estos seis meses, queda la insatisfacción de tener un solo recurso, de carácter extraordinario, para impulsar la agenda legislativa. El procedimiento ordinario debe ser un medio razonable para legislar, no un obstáculo que superar mediante los 38 votos requeridos para la vía rápida. En todos los casos citados, el Congreso reunió el apoyo de dos terceras partes de sus integrantes, pero nada lo garantiza en el futuro.

Por eso, la cuarta vía rápida aprobada en estos siete meses plasma mejor que cualquier otra la voluntad de enderezar los procedimientos para permitir la tramitación razonable de los proyectos de ley y la resolución del debate mediante el voto mayoritario. La Asamblea Legislativa decidió, el lunes, aplicar la vía rápida a la reforma de su propio reglamento.

El cambio es una aspiración nacional de larga data. En la llamada era del bipartidismo, el Ejecutivo, no importa cuál de las dos agrupaciones mayoritarias tuviera sus riendas, proclamaba la necesidad de agilizar el procedimiento para conseguir la gobernabilidad. La oposición, también sin importar a quién tocaba ejercerla, hacía todo lo posible por impedir el cambio. Con la llegada del multipartidismo, la parálisis empeoró porque los acuerdos se hicieron mucho más complejos e inalcanzables.

La actual Asamblea Legislativa lo entiende y abrió la oportunidad para hacer una reforma de cruciales consecuencias. Si lo consigue, la democracia costarricense ganará mucho en solidez y funcionalidad.