En abril del 2010, Edgar Robles, entonces superintendente de pensiones, comentaba con escepticismo las explicaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre el fondo de pensiones más grande del país. Las respuestas de la Caja, decía, “llevan a pensar que la situación del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) podría ser más crítica de lo que inicialmente creíamos”.
En ese momento, Robles ya tenía un largo historial de confrontación con los administradores del sistema, empeñados en acreditar la solidez del IVM, proyectada hasta el 2045, y decididos a mantener control sobre la documentación pedida por el incómodo superintendente. La Caja argumentaba su autonomía y, aunque la Supén tiene a cargo la supervisión de las pensiones, señalaba su falta de fundamento legal para regular el IVM.
Meses más tarde, la Caja decía tener tres estudios con datos idóneos para garantizar la sostenibilidad del régimen hasta el 2040, pero Robles la acusaba, ante la Asamblea Legislativa, de “maquillar” los números para esconder la crítica realidad del IVM. Un trabajador promedio, explicaba en enero del 2011, cotiza ¢23,9 millones a lo largo de su vida laboral y luego recibe más de ¢41 millones como pensionado, dada la edad de retiro y la larga expectativa de vida en el país. Al final, las cotizaciones representan un 58,4 % del beneficio.
El superintendente alertaba sobre el peligro de echar mano a la reserva del IVM para pagar sus gastos, con lo cual el sistema comenzaría a transformarse de un régimen de capitalización a uno de reparto. Según la Caja, en el 2025 faltarían dos años para que el IVM comenzara a tomar dinero de su reserva, pero en el propio 2013 una parte de los intereses generados por el fondo de reserva se destinaron a pagar pensiones.
Ese era apenas el anuncio de lo que vendría. Hoy no cabe duda de la razón que asistía a Robles y del manejo opaco e irresponsable del IVM. Luego de haber empleado una creciente proporción de los intereses de la reserva en años pasados, la Caja acaba de admitir una previsión alarmante para el 2019: los aportes de trabajadores, patronos y Estado apenas financiarán el 75 % de los beneficios otorgados a los jubilados.
Según el plan anual institucional del 2019, los aportes ascenderán a ¢838.376 millones y los gastos a ¢1,12 billones. Si a los pensionados se les dejara sin atención médica y sin aguinaldo y solo se les pagara la mensualidad, los egresos serían de ¢893.461 millones, de todas formas superiores a los ingresos.
Si el año entrante las reservas generan los ¢185.585 millones previstos de rendimiento, ese dinero, sumado a los aportes vigentes, no alcanzará para enfrentar los gastos totales en salud, aguinaldo y pensión de los 260.000 beneficiarios del régimen de pensiones más importante del país y uno de los pilares de la seguridad social.
En el 2011, cuando los administradores del IVM debatían acaloradamente con Robles y le negaban información, las contribuciones habían alcanzado para pagar el 96 % de las obligaciones, pero cada vez que necesitó apuntalar sus erogaciones con recursos generados por la reserva, la administración insistió en la transitoriedad de la medida y prometió estabilidad en el futuro.
Todavía hoy, la Caja justifica el uso de los intereses por la falta de pago de un 0,66 % de aumento en la cuota del Estado y deposita su esperanza en la cancelación de ese monto el año entrante, además del adelanto de un incremento del 0,56 % en la contribución obrero-patronal previsto para el 2020, pero adelantado para el 2019.
El sol ya salió y no se puede tapar con un dedo. La población envejece, aumenta el número de pensionados y la capitalización del IVM se debilita. El perjuicio causado por años de negación, posposición de soluciones y traslado del problema a las administradores siguientes no será fácil de reparar. Ojalá los aprovecháramos, siquiera, como lección, especialmente sobre las autonomías institucionales aplicadas a evadir la rendición de cuentas y ocultar peligros y fracasos.