El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a los integrantes costarricenses de una organización delictiva dedicada a difundir material pornográfico en una decena de países. La investigación comenzó cuando un padre de familia denunció a un grupo de mensajería instalado en la tableta electrónica de su hija. Las imágenes incluían menores de edad.
En conjunto con autoridades especializadas en materia penal juvenil, los agentes hicieron 14 allanamientos en las provincias de Cartago, San José, Alajuela y Heredia. Los investigadores decomisaron computadoras, celulares y dispositivos de almacenamiento para demostrar el delito de difusión de pornografía. También informaron a la Policía Internacional para transmitir la alerta a Panamá, República Dominicana, España, México, Perú, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay.
El caso pone sobre el tapete la gravedad del problema y sus características más sobresalientes. Según datos de la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género, el Ministerio Público recibió una decena de denuncias a la semana durante los primeros tres meses del 2022. Entre enero y marzo, la Fiscalía tramitó el equivalente al 54% de las denuncias recibidas en todo el 2019. El delito va en aumento y no debe extrañarnos dado el creciente acceso de los menores a aparatos electrónicos de todo tipo.
El caso también recuerda la inexistencia de fronteras en el mundo digital y, por ende, en el sórdido dominio de los traficantes de pornografía infantil. Esa circunstancia incrementa el daño causado a las víctimas en su desarrollo sexual, psicológico y emocional, así como los demás riesgos relacionados con su participación.
Por último, la investigación señala la importancia de familiares y tutores comprometidos con la seguridad de los menores a su cargo. El interés del padre de la joven y su disposición a denunciar impidió mayores perjuicios para ella, y no sabemos para cuantos menores más.
Cumplida la obligación de velar por el bienestar de los menores, ni el miedo ni la pereza deben impedir el cumplimiento del deber de denunciar. No hay otra forma de proteger a la niñez. Escudados detrás de perfiles falsos en las redes sociales, los delincuentes establecen comunicación con las víctimas y se ganan su confianza hasta lograr la entrega de material pornográfico. Caído en la trampa, el menor sufre coacción para suministrar más imágenes y, eventualmente, acudir a sitios donde se pone en riesgo su integridad física.
En otros casos, el delito lo cometen compañeros de estudios, amigos o parejas de las víctimas, sea por venganza o provecho. Son los casos normalmente remitidos a la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil porque el victimario también suele ser menor de edad, lo que en nada disminuye el daño a la víctima.
Por eso, al deber de vigilar y denunciar se suma el de ofrecer formación a los jóvenes para prevenir su victimización. Son temas difíciles de tratar, y eso puede desanimar a los adultos. En consecuencia, es necesario comenzar por educarlos sobre la necesidad y forma de conversar con los menores. La cantidad de denuncias semanales amerita un esfuerzo formativo especial.
Como en otros casos de abuso de las redes sociales, los gigantes de la tecnología, como Apple, empiezan a ensayar soluciones, entre ellas, una herramienta capaz de comparar las fotos cargadas en iCloud con las almacenadas en un archivo administrado por el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, una organización privada estadounidense contra la explotación sexual infantil. Todas las iniciativas de esa naturaleza resultarán útiles, pero ninguna sustituirá el diligente cuidado de un familiar, como en el caso de comentario.