El aporte de los trabajadores foráneos a la producción nacional, especialmente la agrícola, es bien conocido por los sectores beneficiados. No obstante, ese reconocimiento no basta para erradicar prejuicios afincados en la imaginación de otra parte de la población, donde el inmigrante, aunque sea con permiso temporal, es visto como un lastre para el desarrollo.
Un proyecto de ley impulsado por el gobierno para reducir a la mitad los aranceles migratorios cobrados a trabajadores agrícolas extranjeros interesados en permanecer hasta nueve meses en territorio nacional es un categórico desmentido a esas opiniones y un claro reconocimiento de la dependencia de la mano de obra migrante, sobre todo para la recolección de las cosechas.
El texto sometido a la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso cita como objetivo el mejoramiento de la competitividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias, cuyos altos costos se agravan por el pago de aranceles migratorios en ausencia de la mano de obra nacional requerida por los productores.
En la práctica, estos últimos sufragan los aranceles, urgidos de contar con trabajadores para evitar pérdidas. El pago de los permisos es una ventaja ofrecida a los migrantes o, simplemente, una forma de remover un obstáculo difícil de superar para algunos de ellos dada su condición socioeconómica.
“Este proyecto es fundamental, ya que muchos trabajadores extranjeros carecen de los recursos necesarios para hacer frente a ese pago cuando llegan al país. En consecuencia, los empleadores asumen la responsabilidad, pero luego se descuenta de la remuneración”, asegura Luis Fernando Mendoza, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN).
Recuperen o no el dinero, la mano de los productores se nota con claridad en el proyecto, dictaminado afirmativamente por la comisión a finales del año pasado. La iniciativa es un acierto del gobierno, merecedor del apoyo de los diputados. Amén de las ventajas apuntadas, contribuirá a regularizar la permanencia de los trabajadores en el país y a formalizar sus relaciones laborales.
El costo de los aranceles lleva a muchos migrantes a optar por la informalidad, con los riesgos inherentes a esa condición. La regularización de la situación migratoria les resta vulnerabilidad y ayuda a evitar abusos, con lo cual el país gana tanto como los trabajadores protegidos.
El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Costa Rica, publicado en diciembre, atribuye a los extranjeros la contribución directa del 6,5 % al producto interno bruto (PIB), en promedio, durante el período comprendido entre el 2017 y el 2021. Esa contribución es muy superior al promedio de las economías emergentes y en desarrollo (el 1,2 % del PIB) y se acerca al de los países avanzados (el 6,9 % del PIB).
El mismo informe contribuye a derribar mitos. Según el organismo internacional, el impacto fiscal neto de la población nacida en el extranjero es positivo, y promedió el 0,5 % del PIB durante el período citado. Las aportaciones a la seguridad social y los ingresos fiscales por impuestos sobre la renta y el consumo alcanzaron alrededor del 1,1 % del PIB, con lo cual superan el costo de proporcionar servicios de salud, educación, transferencias sociales, vivienda y pensiones, que sumaron aproximadamente el 0,6 % del PIB.
Esa contribución sería mayor si se facilitara la formalización de los trabajadores extranjeros, como procura el proyecto de ley comentado. Además, la población extranjera contribuye a compensar el envejecimiento y constituye un estímulo para una fuerza laboral en rápida disminución.
Los nicaragüenses, en particular, participan en un mercado laboral segmentado, donde complementan los puestos de trabajo de los locales en lugar de sustituirlos, dicen los técnicos del FMI. Agricultura, construcción, alojamiento, comercio y limpieza proveen el 71 % de los puestos de trabajo de los migrantes de esa nacionalidad.
En el capítulo de recomendaciones, el FMI sugiere ajustes en consonancia con el proyecto gubernamental: mejorar la identificación, regularización y formalización de migrantes y refugiados, simplificar los procedimientos, mejorar los sistemas digitales de migración, así como reforzar la coordinación y el intercambio de información entre las entidades estatales.