El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció la contratación de 220 oficiales de tránsito con la esperanza de enviarlos a las calles antes de concluir el primer semestre del año entrante. Es demasiado poco y demasiado tarde. No obstante, la decisión es encomiable, así como la creatividad para impulsarla.
Es encomiable porque la necesidad se hace sentir desde hace años y poco se había hecho para satisfacerla, aunque fuera parcialmente. En un país aficionado a creer que todo se soluciona con legislación, invertimos años en promulgar una ley de tránsito, con detalle de conductas ilícitas y fuertes castigos para quienes incurran en ellas, pero un rápido repaso a las estadísticas revela los ascendentes patrones de siniestralidad.
La ley simplemente no se cumple porque no hay encargados de aplicarla. Lo importante para disuadir de las conductas ilícitas no es la severidad del castigo, sino la probabilidad de sufrir una sanción. En Costa Rica, podemos circular sin temor a una multa porque no hay policías de tránsito para imponerlas.
Basta con ver la desvergonzada violación de la ley por quienes alteran sus autos para convertirlos en máquinas de ruido o acercarse a una esquina para ver a los conductores atravesados en la intersección, impidiendo el paso. Los ejemplos son muchos. Es imposible trasladarse sin ser testigo de espeluznantes temeridades.
La Policía de Tránsito cuenta con 728 oficiales para vigilar el territorio nacional. No todos están siempre disponibles. Hay incapacidades, vacaciones, permisos y labores de oficina, además de necesidades de vigilancia las 24 horas del día. Los policías deben invertir buena parte de su tiempo en atender accidentes, no importa cuán insignificantes.
Pasar de 728 oficiales a 948 no es una solución a la medida del reto, pero es un avance significativo. Señala, asimismo, un camino por transitar según lo permitan las circunstancias. La restricción de plazas, bien los sabemos, responde a la estrechez de las finanzas públicas, pero también a la ineficiencia y la mala fijación de prioridades.
En esta ocasión, las autoridades del MOPT transformaron esas deficiencias en oportunidades. El Ministerio hizo una revisión de la planilla vacante y, en lugar de llenarla por inercia, como suele hacerse, distinguió entre las plazas dotadas de importancia operativa y las innecesarias, transferibles a la Policía de Tránsito.
Hay sobre el tapete, con más o menos avance, otras propuestas innovadoras para fortalecer la vigilancia de las vías. Parte de las multas impuestas por los policías municipales puede ser utilizada para financiar sus operaciones, por ejemplo. Sin embargo, no todos los concejos se han interesado y algunos lo hicieron a medias. También hubo programas de capacitación para la Policía administrativa, pero los resultados no se han hecho evidentes.
Periódicamente, las autoridades presentan proyectos para complementar la limitada vigilancia de la Policía de Tránsito con recursos tecnológicos, en especial cámaras. Son medios empleados en el mundo, pero, por algún extraño motivo, todos los intentos de adoptarlos han fracasado en Costa Rica. La razón no puede ser económica porque una cámara de la mejor calidad se pagaría sola con un puñado de multas. El obstáculo tampoco es legal. La jurisprudencia de la Sala Constitucional, leída con atención, indica cómo adoptar sistemas compatibles con las garantías civiles. El altísimo número de accidentes y fatalidades exige respuestas inmediatas. Urge sentarse a pensar como lo hizo el MOPT en el caso de comentario.