Ninguna de las seis leyes incorporadas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentará el impuesto sobre los bienes inmuebles. Ningún otro proyecto de ley propone la idea. En algún momento, el gobierno planteó la posibilidad, pero la oposición de diversos sectores obligó a abandonarla.
Es una verdad incontrovertible. Basta con revisar la agenda legislativa. No hay espacio para dudas. Eso no impidió al exdiputado Célimo Guido hacer circular un mensaje por WhatsApp para convocar la protesta. Quien atienda semejante llamado se deja engañar o es cómplice del engaño.
Pero hay otros cómplices, quizá más peligrosos. No importa cuál sea su motivación, y en muchos casos es simple tontería, esparcen las falsedades, multiplicando exponencialmente su efecto. Reciben el mensaje, lo creen o les parece plausible y, sin más ponderación, lo envían a familiares y amigos, hoy llamados «contactos».
Con la falsa noticia de la reforma del impuesto sobre los bienes inmuebles propagaron otras mentiras. La agenda legislativa convenida con el FMI no incluye la venta o privatización del Instituto Nacional de Seguros, el Banco de Costa Rica o la Fábrica Nacional de Licores. En algún momento convendría plantear la venta de activos del Estado, pero no parece posible a corto plazo. Desafortunadamente, ni siquiera está en discusión la venta de la ruinosa fábrica de guaro, propuesta en el pasado, mas no en la actualidad.
El acuerdo con el FMI tampoco guarda relación alguna con la compra de semillas transgénicas o la prohibición de las criollas, y el Ministerio de Planificación no nombrará jueces y fiscales. En estos casos, la falsedad es también estúpida y, a diferencia de los primeros dos embustes, ni siquiera existen antecedentes de tales propuestas.
La mayoría de los difusores de la convocatoria reenvían el mensaje sin la menor intención de asistir. Al receptor le llega de una persona con quien tiene vínculos, muchas veces de confianza. Por eso, tiende a creerlo, según lo acreditan infinidad de estudios sobre la difusión de mentiras por las redes sociales.
El emisor pone su credibilidad al servicio del engaño perpetrado contra familiares y amigos. Asume el riesgo de causar una tragedia y la ruptura de la paz social. Como si no hubiera colaborado, se queja del entorpecimiento del tráfico cuando los organizadores se salen con la suya y cierran una vía. No los detiene el peligro de contribuir a moldear la política pública desde las calles.
En países como la India, la difusión de falsedades mediante WhatsApp condujo al linchamiento de presuntos secuestradores de niños. En Inglaterra, personas convencidas de supuestos riesgos para la salud, azuzadas por las redes sociales, se dedicaron a atacar torres de telecomunicaciones y, en Estados Unidos, un 75 % de los republicanos están convencido de la derrota en las urnas del presidente Joe Biden y su usurpación del poder.
Las mentiras suelen tener graves consecuencias. En ocasiones, cuanto más grandes y absurdas, más pernicioso su efecto. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts comprobó que las mentiras en Twitter viajan más lejos, más rápido y más profundamente que la verdad. La falsedad, ayuna de compromiso con la realidad, puede ser tan interesante, inquietante, indignante o simplemente curiosa como la imaginación de su autor desee. Basta con mantener la conexión con la credulidad del receptor, confirmar sus prejuicios y creencias o alimentar teorías de la conspiración con jirones de supuesta evidencia.
El daño para el tejido institucional y la convivencia democrática es enorme y hasta irreparable. ¿Cómo explicarlo a los cómplices de la mentira, cuyo concurso, no siempre consciente, es indispensable para potenciar agendas oscuras y dar visos de legitimidad a intereses inconfesables?