Las negociaciones comenzaron el 30 de junio del 2000, durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Tras seis rondas y una reunión final, delegados de ambos países suscribieron el documento el 23 de abril siguiente. El 10 de setiembre del 2002 fue ratificado por la Asamblea Legislativa, y entró en vigencia el 1.° de noviembre de ese mismo año. Por esto, hoy celebramos el vigésimo aniversario del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y Canadá. Como país, debemos sentirnos muy satisfechos de sus resultados, pero existen múltiples oportunidades de hacerlo más robusto. Debemos avanzar para impulsarlas.
Este tratado logró concretarse luego de que entraran en vigor los suscritos con México (el primero de los 16 vigentes en la actualidad), República Dominicana y Chile. Su importancia no solo estuvo relacionada con el potencial del mercado canadiense, sino también con que se constituyó en la primera alianza comercial con un país desarrollado. Las lecciones aprendidas entonces fueron determinantes, por ejemplo, para las negociaciones del TLC entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, o para el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (UE), ambos de enorme importancia para nuestra economía.
Los canadienses aceptaron entonces una asimetría arancelaria favorable a nuestro país. Con la entrada en vigencia del acuerdo eliminaron, de inmediato, los aranceles aplicados al 86% de los productos, Costa Rica lo hizo para al 65%. Paulatinamente se ha producido una convergencia, conforme han madurado las condiciones mutuas.
El incipiente comercio bilateral que existía en el 2002 ha avanzado de manera constante desde entonces, aunque con altibajos. El pasado año, según cifras del Ministerio de Comercio Exterior, el intercambio de bienes alcanzó los $289 millones, la segunda cifra más alta desde que, en el 2012, sobrepasamos los $300 millones. Y si bien el comercio con otros países, como Estados Unidos y China, o regiones, como Centroamérica y la Unión Europea, superan por mucho el que tenemos con Canadá, este TLC se ha constituido en un importante incentivo para la diversificación de nuestra oferta exportadora en general, y para importar, desde ese socio norteamericano, bienes a precios y con calidades muy competitivas. Además, es un acicate adicional en la amistad entre nuestros países.
Más allá del comercio, Canadá es la segunda fuente de procedencia del turismo que llega al país, y una mucho más pequeña, pero siempre importante, de inversión extranjera directa. La disputa entre nuestro Estado y la empresa canadiense Infinito Gold, tras cancelársele la concesión del proyecto minero Crucitas, produjo un distanciamiento en ese ámbito; sin embargo, luego de que el país ganara un caso arbitral internacional entablado por la empresa, el pasado año, es de esperar que el flujo de inversiones adquiera mayor dinamismo.
El siguiente paso debería ser actualizar el tratado, definido como de “primera generación”, que se focaliza principalmente en el intercambio de bienes y no incluye disposiciones sustantivas como el comercio de servicios, las finanzas, las inversiones y las compras estatales. Una renegociación para avanzar en estos sentidos es una de las tareas pendientes.
De cualquier modo, el impacto del TLC actual y de los crecientes vínculos económicos y políticos con Canadá es de suma importancia. No solo es un mercado con casi 40 millones de habitantes y un ingreso per cápita de $65.000 (poco más de cuatro veces el nuestro); además, aplica normas laborales y ambientales similares a las nuestras, que fueron incorporadas a acuerdos de cooperación. Y en temas de política exterior —ambiente uno, pero también derechos humanos, derecho internacional y democracia— compartimos múltiples valores e iniciativas.
Lo que hemos logrado ambos países es mucho; las oportunidades futuras, en comercio y otros ámbitos, aún mayores. El TLC fue una palanca de impulso esencial, que debemos ampliar y profundizar en lo posible.